La DDI de San Nicolás no podrá realizar detenciones
Un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria impide a la DDI de San Nicolás realizar detenciones y allanamientos por las deficientes condiciones de detención en su sede central.
Un reciente habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria ha llevado a que el juez Román Parodi impida a la División Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás llevar a cabo detenciones. Esta medida afecta a las localidades de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, debido a las condiciones de detención en la sede central de la DDI.
Contexto de la Medida Judicial
El habeas corpus fue presentado por Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria. Se argumentó que las condiciones en la DDI son inadecuadas, lo que motivó la resolución preventiva del juez Parodi. Esta medida busca proteger los derechos de los detenidos al prohibir la recepción de nuevos ingresos.
Impacto en las Operaciones de la DDI
La decisión judicial limita el ingreso de nuevos detenidos y afecta la capacidad operativa de la DDI y sus dependencias, como las Sub DDI de Ramallo, Arrecifes y San Pedro-Baradero. Como resultado, no podrán realizar allanamientos ni arrestos. Las comisarías locales asumirán temporalmente estas funciones, dejando a la DDI enfocada en actividades de inteligencia y apoyo logístico.
Directrices a la DDI y Proceso Judicial
La Superintendencia de Investigaciones recibió la notificación para garantizar el cumplimiento de esta medida. El juez Parodi ordenó que la DDI envíe, con carácter urgente, un informe al Juzgado que incluya una lista de las personas detenidas, su estado legal y las condiciones de su alojamiento. Además, la DDI deberá presentar un plan de evacuación y detallar la infraestructura existente.
Pericias Ordenadas por el Juzgado
La resolución también incluye la realización de diversas pericias para investigar las condiciones de detención. En primer lugar, se designará a un perito arquitecto o ingeniero civil para evaluar el estado del edificio y las refacciones necesarias.
En segundo lugar, un perito en nutrición auditará la calidad y cantidad de alimentos proporcionados a los detenidos.
Asimismo, un trabajador social elaborará un informe socio-sanitario que detalle las condiciones de habitabilidad, acceso a actividades recreativas y comunicación con familiares.
Por último, se solicitarán evaluaciones de un psicólogo y un psiquiatra para analizar el impacto de las condiciones de detención en la salud mental de los internos.
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