Autorizan a Atanor a reabrir su planta tras controversia por pago millonario al CONICET

Luego de meses de conflicto, la empresa Atanor ha recibido autorización judicial para retomar sus actividades en San Nicolás, tras la decisión de la jueza Luciana Díaz Bancalari de levantar la medida cautelar que frenaba su producción. La reanudación fue permitida tras la presentación de un Plan de Gestión Ambiental, aprobado por las autoridades ambientales de la provincia de Buenos Aires, aunque persisten cuestionamientos sobre el proceso.

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Uno de los puntos críticos del caso es el pago de 400 millones de pesos realizado por Atanor al CONICET en concepto de honorarios por un informe técnico que avaló la reapertura. Aunque el pago es legal, su elevado monto despertó suspicacias en el abogado ambientalista Fabián Maggi, representante de la ONG FOMEA, quien ya había denunciado a la empresa por presunta contaminación ambiental. “Nosotros creemos que el CONICET no está actuando conforme a su ideal, no está actuando conforme la ciencia se lo indica, no está actuando conforme la normativa se lo indica, sino que está impulsada por las pretensiones de ATANOR que las reforzó, muy bien reforzada, con nada más y nada menos que 400 millones de pesos de honorarios”, afirmó Maggi, poniendo en duda la imparcialidad del organismo en este caso. Aunque solicitó a la jueza Díaz Bancalari una explicación sobre el origen del monto, esta desestimó el pedido. El abogado ambientalista reconoció que está permitido que una de las partes (en este caso Atanor) le pague por las pericias a un organismo público, pero el monto debe estar absolutamente justificado, algo que a su entender no ocurre, ya que el monto sería desproporcionado.

La decisión judicial permite a Atanor retomar sus operaciones en la planta, que permanecía cerrada desde el 20 de marzo tras una explosión que afectó al sector de Atrazina. Sin embargo, el reinicio de la actividad excluye este sector específico, y el próximo 11 de noviembre se realizará una nueva audiencia en la que participarán representantes de la empresa, el municipio y organismos involucrados, como el CONICET y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

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En un comunicado oficial, Atanor confirmó su intención de reabrir la planta la próxima semana y reincorporar a 51 empleados, resaltando que “luego de varias audiencias e inspecciones y habiendo considerado informes de autoridades ambientales y expertos, este jueves la jueza Luciana Díaz Bancalari se expidió mediante una sentencia judicial que autoriza la reapertura de la planta de Atanor, a excepción del sector de Atrazina”. Además, indicaron que “su decisión se efectuó luego de que el pasado 17 de octubre el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires le otorgue a la empresa el Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto (CAAP). Dicho certificado valida su actividad industrial en la fabricación de herbicidas y productos agropecuarios en la planta mencionada”. Según la empresa, se han implementado medidas de seguridad y control adicionales para cumplir con los estándares ambientales exigidos, y afirmaron que “a partir del último incidente, Atanor realizó minuciosas mediciones y estudios que comprueban que sus actividades industriales cumplen con todos los estándares que exige la legislación vigente y los órganos de control pertinentes”.