Corrupción en seguros: desvío millonario en contratos y regalos de lujo bajo la lupa

Una investigación judicial de amplio alcance reveló una compleja trama de corrupción en la designación de brokers de seguros en entidades públicas durante la administración de Alberto Fernández. Al menos 20 instituciones se encuentran implicadas en un esquema de desvío de fondos a través de cooperativas vinculadas a ex funcionarios y allegados del oficialismo. Esta red de corrupción habría permitido la adquisición de bienes de lujo como camionetas 4×4, entradas a eventos deportivos y propiedades en áreas exclusivas.

El mecanismo principal giraba en torno a la contratación de brokers mediante convenios directos, evitando el sistema oficial de gestión documental (GDE) y facilitando el desvío de grandes sumas sin controles formales. Parte de las comisiones obtenidas se canalizaban hacia cooperativas como “7 de Mayo” e “Irigoin”, que empleaban estos recursos en la compra de automóviles de alta gama, relojes, propiedades y localidades VIP para eventos deportivos.

Entre los investigados figuran nombres como Federico D’Angelo Campos y Héctor Martínez Sosa, antiguos directivos vinculados a la trama de intermediación. La investigación judicial sostiene que los implicados canalizaron recursos desde diversas instituciones públicas hacia brokers que trabajaban de la mano con cooperativas y fideicomisos inmobiliarios. Con pruebas aún en proceso de recolección, la justicia apunta a una estructura organizada que funcionó de manera sistemática durante la gestión de Fernández.

El impacto financiero es significativo, y las indagaciones indican que el esquema se replicó en múltiples dependencias estatales, revelando posibles vínculos entre funcionarios y contratistas en el desvío de los fondos. Luego de ocho meses de pesquisa, el juez Julián Ercolini formuló una acusación contra Fernández, señalando su presunta responsabilidad en la designación de brokers de seguros. Según el magistrado: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo (de Nación Seguros) y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.

La justicia ha logrado rastrear al menos 17 millones de dólares en comisiones pagadas entre 2019 y 2024, parte de las cuales se habrían destinado a adquirir propiedades en Buenos Aires y la Costa Atlántica, pasajes al exterior y vehículos de lujo. Las cooperativas “7 de Mayo” e “Irigoin” también están señaladas por su participación en el esquema financiero.

En este marco, surge también la sospecha de que Héctor Martínez Sosa habría dado regalos lujosos a allegados de Fernández, incluyendo relojes y accesorios de alto costo. La citación judicial, que abarca más de 40 páginas, detalla la amistad de “Hecky” Martínez Sosa con el expresidente y los obsequios recibidos.

Otro implicado en la causa es Alfredo Del Corro, uno de los líderes de la cooperativa “7 de mayo”. Según la justicia, esta cooperativa recibió numerosas transferencias sospechosas de brokers investigados. La misma fue detectada por la Policía tras un allanamiento que derivó en la localización de vehículos registrados a nombre de esta firma.

Al revisar las cuentas de la cooperativa en el Banco Patagonia, se identificaron créditos y débitos millonarios, de los cuales un 35% procedía de compañías aseguradoras. Se sospecha que parte de estos fondos pudieron ser coimas y que se utilizaron para inversiones inmobiliarias y compras de lujo. El fallo describe los intentos de los implicados por recuperar el dinero, con movimientos como el solicitado por Mauro Tanos, ex gerente de Nación Seguros, para revertir transferencias y ceder boletos de propiedades.

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