Descubren que más de 200 presos recibían ilegalmente una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral

Un reciente operativo llevado a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha descubierto que 212 personas privadas de libertad cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo se produjo tras un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, el cual reveló que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.

Según datos de La Libertad Avanza, el 85% de las pensiones otorgadas a presos fueron emitidas durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, mientras que el 15% restante corresponde al mandato de Mauricio Macri.

La investigación llevada a cabo por la ANDIS, bajo la dirección de Diego Spagnuolo, forma parte de un conjunto de auditorías diseñadas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurar que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan.

Este operativo se suma a una acción previa en la que se identificó a 331 prófugos de la justicia que también estaban recibiendo pensiones indebidamente. De estos, 33 fueron puestos a disposición de la justicia, y 14 fueron capturados en un solo operativo.

El cruce de datos realizado por la ANDIS abarcó todo el territorio nacional, y es posible que la cifra de beneficiarios irregulares siga aumentando, dado que cada jurisdicción provincial tiene registros distintos de personas procesadas y condenadas. Como resultado de la auditoría, se procedió a dar de baja a estos beneficiarios para devolver esos recursos a los contribuyentes y mejorar la eficiencia del Estado.

Entre los casos más destacados de irregularidades se encuentra el de un hombre de La Matanza, quien recibió su pensión tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable. Otro caso similar es el de un hombre de Quilmes, quien obtuvo su pensión en solo seis días, a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria.

La ANDIS ha reiterado su compromiso de velar por la correcta asignación de los recursos públicos, y este operativo refuerza la importancia de una vigilancia constante para prevenir fraudes y abusos. “La situación actual exige una respuesta contundente para proteger el dinero de los contribuyentes”, afirmó la Casa Rosada.

En cuanto a las auditorías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los resultados iniciales han sido alarmantes. De los 10.000 beneficiarios contactados, un 33% no pudo ser localizado en sus domicilios, lo que genera serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. De los 9.336 beneficiarios auditados, solo el 17% cumplía con los requisitos establecidos.

En la provincia de Buenos Aires, específicamente en Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudo ser localizado y solo el 20% cumplía con todos los requisitos. El resto no cumplía con las condiciones necesarias, como tener una discapacidad o no tener empleo, y un 13% carecía de la documentación correspondiente.

Entre los casos más alarmantes se encuentran aquellos beneficiarios que presentaron documentación falsa, y en algunos casos, se intentaron hacer pasar por personas fallecidas o incluso utilizaron la figura de abogados para evadir las auditorías.

Reformas y nuevos requisitos para la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral

Con el objetivo de mejorar la gestión de las pensiones no contributivas, el Gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ANDIS, publicó el Decreto 843/2024, que establece nuevos criterios para acceder y mantener la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Esta normativa busca eliminar el clientelismo político y garantizar que los recursos sean destinados a quienes realmente los necesitan, especialmente a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y otros funcionarios, establece que solo podrán acceder a esta pensión quienes se encuentren imposibilitados de trabajar de forma total y permanente, y que no tengan empleo formal. También se exige que los solicitantes no posean bienes y no estén bajo custodia judicial.

Además, a partir de la nueva normativa, las pensiones estarán sujetas a revisiones periódicas, tanto médicas como socioeconómicas, para identificar posibles irregularidades. Para Spagnuolo, este enfoque proactivo permitirá corregir posibles abusos y asegurar que los fondos lleguen a quienes realmente necesitan apoyo.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca garantizar la sostenibilidad del sistema y administrar los recursos públicos de manera más eficiente.

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