El Banco Mundial aprueba financiamiento por u$s 1.000 millones para subsidiar tarifas sociales

El gobierno de Javier Milei consiguió una línea de crédito por u$s 1.000 millones para continuar con el mantenimiento de las tarifas sociales en electricidad y transporte público, según lo anunció el Banco Mundial. De este total, u$s 500 millones se destinarán al “apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público”. Esta medida permitirá seguir ofreciendo un descuento del 55% en las tarifas del transporte en 61 localidades, beneficiando principalmente a jubilados y a quienes reciben prestaciones sociales.

El otro medio millón de dólares se invertirá en el “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”. Este financiamiento se usará para optimizar el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y mejorar los mecanismos de recolección de información. El Banco Mundial espera que, con estos cambios, el sistema de subsidios sea más eficiente y contribuya a reducir el consumo eléctrico.

Ambos proyectos son préstamos con margen variable, a ser devueltos en un plazo de 32 años, con un período de gracia de siete años.

Prórroga de la emergencia energética

En paralelo, el Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, medida inicialmente establecida por el Decreto 55/2023. Esta extensión incluye la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. A pesar de los aumentos tarifarios implementados para reducir los subsidios, la emergencia continuará garantizando la prestación de estos servicios en condiciones adecuadas tanto para prestadores como usuarios, y pospone la implementación de nuevas tarifas hasta esa fecha.

El decreto justifica la extensión, destacando la necesidad urgente de asegurar la continuidad y sostenibilidad de los servicios en el marco de una crisis estructural. Además, instruye a la Secretaría de Energía a mantener los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión para asegurar que la prestación de estos servicios se mantenga de manera eficiente y en condiciones técnicas y económicas apropiadas. También se establece que la revisión de los cuadros tarifarios deberá incluir mecanismos de participación ciudadana y no podrá ser aplicada antes del 9 de julio de 2025.