El Gobierno revisará políticas de acceso al empleo público
El Gobierno anunció que revisará las políticas de acceso al empleo público en Argentina para eliminar criterios ideológicos y garantizar que el ingreso se base exclusivamente en la idoneidad de los postulantes.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno tomará medidas para eliminar políticas que permitan el ingreso al empleo público bajo criterios considerados “ideológicos y discriminatorios”. Según expresó en sus redes sociales, el único criterio válido será la idoneidad profesional de los postulantes.
“La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley”. Este mensaje fue respaldado como parte de una iniciativa del Ejecutivo liderado por Javier Milei, que busca reformar el acceso a los cargos públicos.
Afirmo Adorni
Regulaciones en análisis
Aunque Adorni no especificó qué normativas serían revisadas, diversas políticas de cupo actualmente vigentes podrían estar en la mira. Entre ellas destacan:
- Cupo travesti-trans: la normativa que establece un mínimo del 1% de los cargos públicos para personas travestis, transexuales y transgénero.
- Cupo femenino en listas electorales: la ley 24.012 que garantiza un 30% de participación femenina en las listas de los partidos políticos.
- Paridad de género: la obligatoriedad de alternar mujeres y hombres en listas para cargos legislativos.
Exámenes para estatales: nueva medida de evaluación
El anuncio coincidió con la implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP), impulsado por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger. Esta medida afectará a unos 40.000 empleados estatales cuyos contratos finalizan a fin de año.
Según se informó, los trabajadores deberán rendir un examen en diciembre para renovar sus contratos. Los modelos de evaluación ya están disponibles en el sitio oficial Argentina.gob.ar.
El objetivo del SEP es establecer un estándar uniforme para medir el desempeño y la capacidad de los trabajadores estatales, lo que, según el Gobierno, contribuirá a profesionalizar la administración pública.
Cambios hacia una administración pública más transparente
El Gobierno plantea que estas medidas buscan promover una administración pública más meritocrática y libre de favoritismos. Sin embargo, la revisión de las normativas podría generar debates en sectores sociales y políticos que defienden los derechos adquiridos por diferentes colectivos.
El desafío radica en equilibrar la igualdad de oportunidades con la inclusión social, temas que seguirán marcando el debate público en los próximos meses.
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