El Gobierno asegura que los problemas financieros en el agro no son crisis del sector, sino consecuencias de “malas decisiones” empresariales
El Gobierno asegura que los problemas financieros en el agro no son crisis del sector, sino consecuencias de “malas decisiones” empresariales. La reciente incapacidad de dos empresas del sector agropecuario para hacer frente a pagarés en dólares ha generado inquietud en el ámbito agrícola. En un contexto de tipo de cambio bajo, precios internacionales a la baja y la permanencia de los derechos de exportación, la rentabilidad del sector se ve afectada.
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Desde el Gobierno, se sostiene que no se trata de una crisis sectorial, sino de “malas decisiones financieras” por parte de las empresas involucradas. Según las autoridades, las dificultades en la cadena de pagos no pueden explicarse por las retenciones, que consideran un factor secundario.
Las empresas Agrofina y Los Grobo Agropecuaria, del grupo Los Grobo, anunciaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, debido a una falta temporal de liquidez, no podrán cumplir con obligaciones financieras por un monto cercano a los 10 millones de dólares hasta marzo de 2025. Previo a este anuncio, la empresa Red Surcos también había informado sobre su incapacidad para pagar su deuda.
Desde Los Grobo, la compañía indicó que están trabajando para resolver la situación de iliquidez transitoria y destacaron su compromiso con los productores, proveedores y clientes. La cesación de pagos generó alarma en el sector, especialmente en un escenario macroeconómico desafiante, tanto por factores internos como externos, como la caída en los precios de los commodities. En este contexto, el sector agrícola solicita una señal oficial para reducir los impuestos a las exportaciones, que en la zona núcleo representan casi el 45% de la renta de los productores.
Por otro lado, la empresa Rizobacter anunció que, a pesar de la situación complicada, cumplirá con sus obligaciones financieras. Su presidente, Ricardo Yapur, explicó que el sector atraviesa un periodo difícil debido a la caída de los precios y las condiciones climáticas adversas, aunque destacó que las empresas deben adaptarse a este nuevo escenario.
En cuanto a la persistencia de las retenciones, el Gobierno no las considera la causa principal de los problemas financieros del agro. Fuentes oficiales aseguraron que las empresas involucradas se encontraban sobreapalancadas, lo que las expuso a riesgos financieros, y subrayaron que las dificultades no están relacionadas con las políticas fiscales actuales.
Las entidades del sector coinciden en que los problemas del agro tienen más que ver con la gestión financiera de las empresas que con las políticas impositivas, aunque aún esperan definiciones por parte del Gobierno sobre la reducción de impuestos.
Retenciones y el futuro fiscal en 2025
En cuanto a las perspectivas fiscales, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo han reiterado que, a partir de 2025, se implementarán bajas impositivas siempre que se mantenga el equilibrio fiscal. Las retenciones y el impuesto al cheque son los tributos que podrían ajustarse.
Un informe de Ieral señala que, en 2024, los derechos de exportación representaron entre 1% y 1,1% del PBI. Aunque en el presupuesto de 2025 se espera un aumento significativo en la recaudación por estos impuestos, las proyecciones indican que las reformas fiscales dependerán de un crecimiento económico sostenido. Según cálculos preliminares, si el PBI crece un 5%, el Gobierno tendría margen para aplicar reducciones de impuestos, aunque el plan detallado aún está por definirse.
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