Imputaron a siete empresas de medicina prepaga por presuntas prácticas anticompetitivas
La CNDC investiga un posible acuerdo colusivo en el sector de salud privada
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) resolvió abrir un proceso contra siete empresas de medicina prepaga, la asociación que las representa y su expresidente por posibles prácticas anticompetitivas. La investigación comenzó en enero de 2024 tras detectar indicios de un aumento coordinado en los valores de los planes de salud.
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Las empresas imputadas incluyen a Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, además de la Unión Argentina de Salud (UAS), organización que agrupa a dichas entidades. En el caso particular de Claudio Belocopitt, se lo investiga por su rol como presidente de Swiss Medical y su anterior posición al frente de la UAS.
La denuncia original señala que las compañías habrían acordado un incremento de precios entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Frente a esta situación, en abril, la Secretaría de Industria y Comercio, junto con la CNDC, adoptó medidas de tutela anticipada, exigiendo retrotraer los precios a los valores de diciembre y prohibiendo el intercambio de información comercial que pudiera fomentar prácticas colusivas.
Según la Ley de Defensa de la Competencia, los imputados tienen 20 días hábiles para presentar su descargo. Posteriormente, se abre un periodo probatorio de hasta 90 días hábiles, prorrogables por el mismo lapso si fuese necesario. Una vez concluido, las partes podrán presentar sus alegatos finales antes de que la CNDC decida si archiva la causa o aplica sanciones que pueden alcanzar hasta el 30% del volumen de negocios de los implicados.
Desde la CNDC enfatizan que los cárteles, definidos como acuerdos entre competidores para fijar precios o limitar la competencia, representan una infracción grave y están expresamente prohibidos por la normativa vigente. En especial, el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia califica a estas prácticas como absolutamente restrictivas y les asigna las penas más severas.
La investigación sigue en curso y se espera que su resolución siente un precedente importante en la regulación de prácticas comerciales en el sector de la salud privada en Argentina.
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