Las dificultades financieras del sector agropecuario evidencian la urgencia de una reforma en las retenciones
A pesar de contar con un buen clima y una exitosa campaña productiva, las empresas y productores agropecuarios argentinos enfrentan una situación económica cada vez más complicada. La caída de los precios internacionales, los costos crecientes en dólares y los altos impuestos, que en algunos casos alcanzan el 33% sobre las exportaciones, están erosionando los márgenes de rentabilidad del sector. Estos factores se suman a los bajos niveles de los precios internacionales de la soja, que se encuentran en sus cifras más bajas en 20 años, y a los elevados costos de producción en un contexto de inflación y políticas cambiarias restrictivas.
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El presidente Javier Milei, al inaugurar la exposición anual de la Sociedad Rural Argentina el 28 de julio, manifestó su deseo de terminar con el actual modelo que, según él, expropia al campo el 70% de lo que produce a través de las retenciones y el cepo cambiario. Sin embargo, también señaló que eliminar estos impuestos sin abordar los problemas estructurales de la economía podría agravar la crisis que se heredó.
A pesar de esta promesa de cambio, el panorama sigue siendo complejo. Empresas destacadas del agro, como Agrofina y Los Grobo Agropecuaria, enfrentan serias dificultades financieras, con deudas impagas superiores a los USD 10 millones, lo que genera preocupación sobre la viabilidad de muchas más en el futuro cercano.
La situación se agrava con los precios de la soja en baja, los cuales cayeron un 25% respecto al año pasado, y las perspectivas de un aumento de las existencias globales de soja. Esta combinación de factores ha llevado a una situación en la que muchos productores se ven forzados a vender a precios de quiebra. Según expertos del sector, una reducción de las retenciones de entre 5 y 8 puntos podría devolver la rentabilidad a la soja, un cambio que dependerá de la evolución de la recaudación fiscal.
El impacto de las retenciones es significativo, representando actualmente el 9% de los ingresos del gobierno argentino. Con un superávit fiscal como objetivo, el gobierno de Milei ha planteado una reducción de estos impuestos si la recaudación fiscal se mantiene estable. Sin embargo, dada la presión creciente en el sector, es poco probable que se implementen cambios rápidos en el corto plazo.
Mientras tanto, los productores agropecuarios enfrentan una “tormenta perfecta” de bajos precios, altos costos y una carga fiscal insostenible. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) estima que, de cada $100 de renta agrícola, el Estado se queda con $64,3, lo que sigue siendo un fuerte golpe para la rentabilidad del sector.
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