Provincias y Nación: sin consenso, se perfila otra prórroga presupuestaria
Las diferencias entre el Ejecutivo y los gobernadores por las demandas provinciales dejan al presupuesto 2025 en suspenso, con el Presupuesto 2023 como principal carta a jugar.
La falta de acuerdo entre el Gobierno Nacional y las provincias mantiene en suspenso el tratamiento del Presupuesto 2025 en el Congreso. Ante este escenario, la opción más probable parece ser la prórroga del Presupuesto 2023, como ya lo hizo el Poder Ejecutivo en diciembre de 2023 al asumir.
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Las negociaciones con los gobernadores están paralizadas debido a exigencias que el presidente Javier Milei considera incompatibles con el objetivo central de su gestión: el déficit cero. Entre los puntos reclamados por las provincias se encuentran compensaciones fiscales, deudas previsionales y la redistribución de recursos claves como los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos. Según fuentes oficiales, estas demandas implican un costo de 3.700 millones de dólares. “Ellos piden, pero no hay plata”, insisten desde Balcarce 50.
A pesar de las tensiones, desde el oficialismo no cierran la puerta a un tratamiento excepcional en febrero, si las provincias garantizan su apoyo al proyecto original. Sin embargo, destacan que la prioridad sigue siendo respaldar la propuesta presentada por el Ejecutivo en septiembre. “Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”, aseguró un importante referente libertario.
Mientras tanto, fuentes de Casa Rosada descartan mayores concesiones: “El 15 de septiembre fue hasta el Presidente a explicar el tema, mirá si no habrá voluntad. Ahora que hagan lo que quieran, nos da igual”.
Sin acuerdo, la administración se encamina a una nueva prórroga del presupuesto vigente, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Esto permitiría al Ejecutivo mantener el control discrecional de las cuentas públicas, delegando al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de ajustar las previsiones según el contexto, como lo establece el artículo 2 del decreto.
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