Tensión por los 50.000 contratos de estatales que vencen a fin de año
El Gobierno no ha aclarado qué pasará con los empleados públicos que deben enfrentar la caducidad de sus contratos en diciembre.
A medida que se acercan los últimos días de diciembre, crece la preocupación entre los gremios por el futuro de unos 50.000 contratos de estatales que vencen el 31 de diciembre. Mientras los empleados públicos nacionales aún esperan la conclusión de los “exámenes de idoneidad” establecidos, la incertidumbre se incrementa ante la falta de señales claras desde el Gobierno de Javier Milei sobre la renovación de estos vínculos laborales.
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Aunque aún no se ha confirmado si se renovarán los contratos o si habrá bajas masivas, las declaraciones del propio Presidente sugieren que se implementará un recorte significativo en la plantilla estatal, siguiendo el mismo rumbo de los despidos recientes, como los ocurridos en el Ministerio de Justicia, Trenes Argentinos y la exAFIP.
“El ajuste significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso redujo la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis porque obviamente que echamos gente… digamos en materia de contratos vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil”, sostuvo Milei en junio.
Por su parte, ATE, el gremio estatal más combativo, denuncia que ya se habrían producido casi 30.000 despidos. Ante esta situación, el gremio que lidera Rodolfo Aguiar, junto con UPCN de Andrés Rodríguez, exigió la renovación automática de todos los contratos y un aumento salarial de emergencia. “Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios”, expresó Aguiar, quien también señaló que “el 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos”.
La incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores estatales ha provocado malestar, y desde ATE advirtieron que, de no obtener respuestas, podrían convocar a acciones de protesta. Ya se habla de la posibilidad de un paro sectorial en la primera quincena de enero para exigir la renovación de los contratos y el fin de los despidos.
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