Convocatoria a audiencia pública para definir nuevas tarifas de gas y su ajuste periódico

El Gobierno, a través de la Resolución 16/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, convocó a una audiencia pública con el objetivo de fijar los nuevos precios de las tarifas de transporte y distribución de gas, junto con la metodología de los futuros ajustes periódicos. La audiencia, que se realizará el jueves 6 de febrero a las 9:00 horas de forma virtual, está organizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), como parte del procedimiento de revisión tarifaria.

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Esta convocatoria abarca a todas las Licenciatarias de Transporte y Distribución de gas a nivel nacional. La Resolución especificó que la audiencia tendrá como puntos de consideración: 1) la revisión quinquenal de las tarifas de transporte y distribución de gas, 2) la metodología de ajuste periódico de dichas tarifas, y 3) la modificación del Reglamento de Servicio de Distribución, en relación con los conceptos vinculados a la facultad de corte del servicio por falta de pago.

El Gobierno argumentó que la participación ciudadana y de las prestadoras del servicio es fundamental para garantizar una revisión adecuada, asegurando que las exposiciones y presentaciones sean ponderadas de acuerdo con la normativa aplicable. De este modo, se dará cumplimiento al procedimiento de ajuste tarifario establecido cada cinco años, con el fin de definir las nuevas tarifas máximas de transporte y distribución de gas.

Entre los principios que guiarán el ajuste tarifario, se destacan: garantizar ingresos suficientes para cubrir costos operativos y proporcionar una rentabilidad razonable a los transportistas y distribuidores; considerar las diferencias en la prestación del servicio según factores geográficos y de distancia; y asegurar un costo mínimo para los consumidores sin comprometer la seguridad del abastecimiento.

Además, se reformará el punto 11 del Reglamento de Servicio de Distribución para que quede claro que la facultad de corte del servicio solo podrá ser aplicada en casos de falta de pago de los conceptos relacionados con la prestación del servicio, según la determinación de la Autoridad Regulatoria.