INTERÉS GENERAL

La prórroga del proyecto de Ley Impositiva y su posible inconstitucionalidad

Kicillof adopta medidas de emergencia ante la falta de consenso legislativo.

La falta de acuerdo en la Legislatura sobre el proyecto de Ley Impositiva para este año obligó al gobierno de Axel Kicillof a implementar una medida de emergencia, prorrogando las condiciones fiscales del año anterior. Esta acción busca sostener los beneficios por pagos anuales, mientras se define si será necesario postergar los vencimientos de cuotas, que en principio serán idénticos a los de 2024. En paralelo, la oposición ha señalado que esta prórroga podría ser inconstitucional.

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La negativa de la Legislatura a aprobar la Ley Impositiva y el Presupuesto la semana pasada dejó ambas leyes en un limbo legal. Aunque tanto el Ejecutivo como la oposición acordaron retomar las negociaciones en este mes, por el momento, ninguna de las dos leyes está vigente. Ante este escenario, Kicillof optó por extender ambas normas del año anterior mediante el decreto 3682.

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La urgencia se centra en el capítulo impositivo, ya que ARBA debe procesar los vencimientos, con los primeros pagos del Impuesto Inmobiliario programados para febrero. Sin una nueva ley de impuestos, el gobierno decidió prorrogar las condiciones fiscales de 2024, lo que implica que los vencimientos de 2025 serán iguales a los del año pasado, como ya ha sido confirmado por fuentes de la Agencia.

Una posible excepción a este mecanismo es el vencimiento de febrero del Impuesto Inmobiliario, que podría retrasarse hasta marzo, debido a la necesidad de adaptar la liquidación. Sin embargo, las bonificaciones por pago anual y débito automático, que no existieron en 2024, serán mantenidas este año por ARBA, a pesar de que la ley que las aprobaba no fue votada. La agencia emitirá una resolución para garantizar que estas bonificaciones se conserven.

Por otro lado, la oposición, liderada por Diego Garciarena, presidente del bloque de la UCR + Cambio Federal, ha cuestionado la legalidad de la prórroga. Según Garciarena, el artículo 2 del Decreto 3681/2024 es de dudosa constitucionalidad, ya que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de prorrogar la ley fiscal, una prerrogativa del Poder Legislativo. A pesar de estas objeciones, no se han planteado aún demandas judiciales, y el Gobierno defiende la legalidad de la prórroga.

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