El gobierno eliminó la obligatoriedad de los aportes económicos a cámaras empresarias
El Gobierno de Javier Milei implementó una medida significativa al declarar que los aportes económicos obligatorios de las empresas hacia las cámaras empresarias serán reemplazados por un esquema voluntario, de acuerdo con el Decreto 149/2025, publicado el miércoles 5 de marzo de 2025 en el Boletín Oficial.
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De acuerdo con la nueva normativa, las Convenciones Colectivas de Trabajo ya no podrán imponer aportes o contribuciones a las empresas que no estén asociadas a las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores. Este cambio establece que cualquier carga económica de este tipo solo podrá aplicarse si es aceptada de forma voluntaria por las empresas en cuestión.
Además, la normativa permite que, si una empresa decide participar, puede revocar esa decisión en cualquier momento mediante una simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente.
El gobierno fundamentó esta reforma al señalar que la imposición de contribuciones obligatorias carecía de un respaldo normativo adecuado y violaba principios constitucionales, como la autonomía convencional y la libertad de contratación y afiliación de los empleadores. Además, argumentó que dicha práctica “vulnera los principios constitucionales de legalidad y representatividad”.
El Ejecutivo explicó que la Ley N° 14.250 permite establecer contribuciones en favor de asociaciones sindicales de trabajadores, pero que dicha disposición no se extiende a las cámaras o asociaciones de empleadores. Por lo tanto, estableció que la Secretaría de Trabajo no homologará ni registrará convenios que contengan cláusulas de aportes económicos a favor de entidades no afiliadas o no asociadas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la medida, calificándola como un paso para eliminar un privilegio que permitía la creación de “impuestos privados” a favor de privados. En su cuenta de X, destacó que el Decreto 149/25 defiende la libertad de asociación y señala que solo una norma con rango de ley puede establecer cargas patrimoniales, no acuerdos privados que afecten a terceros sin su consentimiento.
Sturzenegger explicó que este tipo de contribuciones, especialmente en sectores como el comercio, representaban una carga de hasta 6.000 millones de pesos mensuales, lo cual afectaba directamente a los consumidores en cada compra.
La medida entrará en vigor en un plazo de 90 días, otorgando tiempo para su implementación y adaptación. Sturzenegger destacó que, durante este período, se buscará que las cámaras empresariales se ajusten a la nueva normativa y ofrezcan servicios voluntarios que las empresas deseen aceptar.
Esta reforma marca un hito en la regulación de las contribuciones empresariales y apunta a modificar profundamente la relación entre empresas y las cámaras que representan sus intereses.
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