Nuevo sistema para la obra pública: mayor flexibilidad en contrataciones
El Gobierno nacional implementó un nuevo esquema para la contratación de obra pública, con el objetivo de fomentar una mayor participación de empresas. La medida fue oficializada a través del Decreto 206/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, e introduce modificaciones en los requisitos y condiciones para los contratistas.
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Creación de un sistema centralizado
La normativa establece que la Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de desarrollar y gestionar el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una base de datos donde se registrarán todos los interesados en firmar contratos con el Estado.
El SICO organizará a los participantes en tres categorías: Proveedores (SICO-PRO), Contratistas de Obra Pública (SICO-COP) y Concesionarios de Obra e Infraestructura Pública y Servicios Públicos (SICO-CON). En el caso de los contratistas de obra pública, el sistema recopilará información sobre su capacidad financiera, historial de contratos, antecedentes y posibles incumplimientos.
El decreto también introduce un nuevo criterio de calificación para las empresas, estableciendo que se deberán considerar tanto antecedentes en obra pública como privada, sin priorizar exclusivamente la experiencia en contratos estatales.
Críticas al modelo anterior
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la implementación del nuevo sistema y cuestionó el esquema previo. Afirmó que, en el antiguo Registro de Constructores, se favorecía siempre a los mismos contratistas, independientemente de su capacidad económica real, lo que, según sus palabras, generaba un circuito cerrado en el sector.
El nuevo sistema también permitirá que la calificación del SICO-COP no sea un requisito excluyente en determinadas obras, especialmente aquellas de menor presupuesto. Además, se establecen garantías específicas en caso de proyectos más grandes.
El SICO se integrará con los sistemas de gestión electrónica de contrataciones COMPR.AR y CONTRAT.AR, aunque su implementación plena dependerá de futuras normativas complementarias. Mientras tanto, seguirán vigentes los registros anteriores.
Sturzenegger concluyó que esta reforma busca hacer más transparente y competitivo el sistema, al tiempo que desarticula estructuras que históricamente beneficiaron a determinados grupos.
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