Casanello envía a juicio a Eduardo Belliboni y a dirigentes del Polo Obrero por desvío de fondos y presunta extorsión

El juez federal Sebastián Casanello resolvió elevar a juicio oral la causa que investiga al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros referentes de esa organización, por el presunto desvío de fondos estatales y la supuesta extorsión a beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo.

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La medida fue adoptada luego de que tanto el fiscal Gerardo Pollicita como los querellantes solicitaran avanzar con el proceso judicial. Las defensas de los imputados también se habían manifestado al respecto.

Según los fundamentos de Pollicita, entre junio de 2020 y marzo de 2024 se habría configurado una “matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, al mismo tiempo que se habría defraudado al Estado mediante la presentación de facturas apócrifas, con las que se desvió una suma cercana a 50 millones de pesos.

Empresas pantalla y desvío de fondos

La investigación detectó un sistema de desvío de fondos asignados mediante convenios para talleres y emprendimientos sociales, a través de facturación falsa. Entre las firmas señaladas se encuentran Coxtex SA, Ediciones e Impresiones Rumbos (la imprenta del PO), Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini.

De los 360 millones de pesos que recibieron el Polo Obrero y El Resplandor como unidades de gestión, se desviaron alrededor de 40 millones a esas firmas vinculadas a la organización. Parte del dinero, según el expediente, se utilizó para contratar una agencia de publicidad que realizó campañas digitales para el partido, mezclando así recursos estatales con fines político-partidarios. “Lo público se confundió con lo privado”, sostuvo el juez Casanello en su resolución de procesamiento.

Potenciar Trabajo, castigos y control de militancia

Otro eje de la causa gira en torno a la instrumentalización del programa Potenciar Trabajo como un sistema de premios y castigos, condicionando el acceso al beneficio a la participación en marchas y actividades de la agrupación. Durante los allanamientos a comedores y cooperativas, se hallaron listados de presentismo y un cuaderno rotulado como “sanciones”, lo que reforzó las sospechas de manejos coercitivos dentro de la estructura del movimiento.

La investigación se inició en diciembre de 2023, tras denuncias recibidas a través de una línea habilitada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Además de Belliboni, señalado como el organizador de la presunta estructura criminal, están imputados Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez, entre otros.

Con esta resolución, la causa se encamina hacia la etapa de juicio oral, donde se definirá la responsabilidad penal de los dirigentes por los hechos que se les imputan.

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