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García Mansilla renunció a la Corte Suprema en medio de un fuerte conflicto institucional

La salida del jurista ocurre tras el rechazo del Senado, una medida cautelar y sin respaldo pleno del máximo tribunal

Apenas 40 días después de haber asumido, Manuel García Mansilla presentó su renuncia indeclinable a la Corte Suprema de Justicia, dejando al máximo tribunal nuevamente con solo tres miembros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Su breve paso por el cargo se vio envuelto en un escenario de alta tensión política, luego de que el Senado rechazara su pliego y de que se dictara una medida cautelar que le impedía ejercer funciones jurisdiccionales.

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Un nombramiento resistido desde su origen

El abogado y catedrático había sido designado mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 25 de febrero, junto al juez federal Ariel Lijo, quien nunca llegó a asumir su cargo debido a la negativa de renunciar a su juzgado actual, como exigía la Corte.

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El caso de García Mansilla rápidamente escaló en complejidad. El viernes anterior a su renuncia, el Senado rechazó por amplia mayoría los nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo, lo que derivó en una fuerte presión institucional. Poco después, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que ordenaba al magistrado abstenerse de firmar resoluciones durante 90 días, hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial.

La medida había sido impulsada por una presentación judicial realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes alegaron que su designación violaba la independencia judicial. En su fallo, Ramos Padilla se apoyó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, y sostuvo: “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”.

El Ejecutivo defendió el decreto, pero sin respaldo en la Corte

A pesar del revés judicial, el Gobierno nacional defendió la validez del nombramiento, argumentando que se trataba de una atribución constitucional del Ejecutivo. Incluso, el sábado presentó un recurso de “per saltum” ante la misma Corte, solicitando que se anule la medida de Ramos Padilla. No obstante, los otros tres jueces del tribunal no se habrían mostrado dispuestos a tratar el pedido, lo que dejó a García Mansilla en una situación institucionalmente insostenible.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó que “no existe ningún artículo en la Constitución que obligue a García Mansilla a renunciar”. A su vez, el propio jurista había defendido su continuidad con un escrito ante Ramos Padilla, donde sostuvo que su eventual remoción solo podía concretarse mediante juicio político.

El peso político de la renuncia

La situación planteó serios interrogantes sobre la práctica de designaciones en comisión. Aunque algunas interpretaciones sostienen que el rechazo del Senado no implica automáticamente la caída del nombramiento, el riesgo de judicialización de futuras decisiones firmadas por García Mansilla era alto. Incluso sus fallos podrían haber sido impugnados por falta de legitimidad, lo cual habría afectado la estabilidad institucional del propio tribunal.

El magistrado Ricardo Lorenzetti opinó sobre el tema en una entrevista radial. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, afirmó, y agregó que la decisión del Senado debía ser “respetada”. A pesar del conflicto, aseguró que “la Corte está funcionando correctamente y va a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Un tribunal incompleto y un futuro incierto

Con la renuncia de García Mansilla, la Corte vuelve a estar compuesta por solo tres integrantes. El caso deja en evidencia los límites del Poder Ejecutivo en las designaciones sin acuerdo parlamentario y reaviva el debate sobre la intervención del Senado como órgano de control democrático.

A su vez, el episodio podría convertirse en un precedente clave para definir el alcance de las facultades presidenciales y la validez de los nombramientos transitorios en la Corte Suprema.

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