Cacho Garay fue imputado por abuso sexual y cumplirá prisión domiciliaria
Además, el fiscal de la causa amplió la imputación del humorista mendocino por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación de la libertad agravada en contexto de violencia de género contra su ex pareja.
El humorista Cacho Garay fue imputado por la justicia mendocina por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación de la libertad agravada en contexto de violencia de género contra su ex pareja, Verónica Macías Bracamonte, y se le concedió la prisión preventiva en su domicilio.
El humorista ya había sido imputado por “tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por mediar violencia de género”. En esta oportunidad estuvo detenido pero al día salió en libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos.
Todas las imputaciones por las que está acusado Garay prevén el traslado a una cárcel común pero en esta ocasión fue beneficiado con prisión domiciliaria por orden del fiscal Daniel Carniello, quien solicitó esperar el resultado de los estudios y entrevistas que le realizan a la víctima para determinar la credibilidad de sus dichos.
Las pericias ordenadas por Carniello, que pertenece a la unidad de Violencia de Género, pueden demorar varios meses por lo que el humorista de 61 años permanecerá en su domicilio hasta determinar qué curso toma el caso y qué decide la Justicia.
Esta semana Bracamonte, ex pareja de Garay y denunciante, habló con Nosotros a la Mañana (eltrece) y denunció que recibe amenazas. Según relató el martes “apareció una chica y me dijo que esas armas van a aparecer en mi cabeza” con relación a las secuestradas en el allanamiento.
Asimismo, la artista sostuvo que el cómico nunca dudó en dejarle claro que podía matarla en cualquier momento y que a lo largo de los 13 años de relación sufrió diversos tipos de violencia.
Las primeras pericias psicológicas a Bracamonte revelaron que “se encuentra con conciencia lúcida, vigil, orientada en tiempo y espacio” mientras que se remarca que Garay “le ha impuesto conductas a la examinada que han tenido el efecto de provocar restricción de sus espacios de libertad y de la participación social”.
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