Transporte público de pasajeros en crisis: conciliación obligatoria evita un paro, pero la incertidumbre persiste
Demandas salariales y disputas por compensaciones estatales generan tensiones en el transporte público urbano y suburbano
El transporte público de pasajeros enfrenta una situación delicada debido a las demandas salariales planteadas por el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los reclamos de las empresas por los retrasos y recortes en las compensaciones estatales.
Aunque un paro de 24 horas fue anunciado por la UTA, una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo evitó su realización. El jueves pasado se abrió un breve paréntesis de paz social, pero la incertidumbre persiste.
El gremio solicita la reapertura y revisión de la paritaria, mientras las cámaras empresariales reclaman por los retrasos y recortes en las compensaciones estatales. La audiencia de conciliación está programada para el próximo martes, y se espera que se busquen soluciones a esta problemática que afecta a millones de usuarios diarios en el área metropolitana y el interior del país.
Ante la falta de respuestas y soluciones, la UTA decidió llevar a cabo un paro sorpresivo de 24 horas el jueves, con la intención de dejar sin servicio de colectivos a todo el país. La medida de fuerza se lleva a cabo como resultado de la negativa de las empresas a otorgar aumentos salariales tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el interior del país.
Esta situación ha generado gran preocupación debido a los efectos perjudiciales que tendría en los más de 10 millones de usuarios diarios del AMBA y los 9 millones en el interior del país, además de poner en riesgo la seguridad pública. La responsabilidad por la falta de acuerdo salarial se atribuye exclusivamente al sector empresarial, a las máximas autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y a los responsables del transporte en las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, antes de que el paro se concretara, el Ministerio de Trabajo emitió una conciliación obligatoria, que fue acatada por el gremio. A pesar de acatar la medida, la UTA deja en claro que no dará un paso atrás en la búsqueda de un salario digno para los trabajadores del transporte de pasajeros.
La conciliación obligatoria tiene una duración de cinco días hábiles, contados a partir del viernes pasado. Por lo tanto, el gremio recuperará la libertad de acción el próximo viernes, a menos que se prorrogue la medida, una posibilidad que no se descarta.
La incertidumbre persiste mientras se espera la audiencia programada para el martes 23 de mayo, donde se esperan soluciones por parte de todos los actores involucrados en el transporte público de pasajeros. La situación actual refleja la fragilidad del sistema y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las demandas salariales de los trabajadores y la sostenibilidad económica de las empresas.
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