Orden judicial para sanear vuelco de efluentes cloacales al río Paraná en San Nicolás
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ha emitido una importante medida cautelar para proteger el medio ambiente frente al vuelco de efluentes cloacales e industriales sin tratamiento al río Paraná. La orden judicial insta al municipio a eliminar las conexiones ilegales de vertido y acondicionar las plantas de tratamiento que se encuentran en estado precario y sin los permisos ambientales correspondientes en la ciudad.
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La medida cautelar fue solicitada hace dos semanas por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello en el contexto de una investigación llevada a cabo por la asociación civil Foro Medio Ambiente (Fomea) y un grupo de vecinos de San Nicolás, quienes fueron representados legalmente por los abogados Fabián Maggi y Carlos Arturo Turati.
Durante la investigación, se detectaron conexiones ilegales en los desagües, conocidas como “bypass”, que desviaban los líquidos residuales evitando su tratamiento y arrojándolos directamente al río Paraná.
El juez Villafuerte Ruzo ordenó que estos conductos ilegales sean desconectados de forma inmediata, y también exigió que se investigue el origen de dos conductos municipales cercanos a la Central Térmica AES, que también fueron bloqueados por la orden judicial. Además, se ordenó la intervención de organismos estatales relacionados con la protección ambiental para inspeccionar las plantas de tratamiento de efluentes cloacales en la zona Sur y Norte de la ciudad y evaluar su estado actual.
El plazo establecido para presentar los informes técnicos que detallen las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas es de 30 días hábiles, conforme a la ley de Política Ambiental Nacional Nro. 25.675.
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En la causa, la Fiscalía también solicitó que el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, el secretario de Obras Públicas y Planeamiento municipal, Darío Gritti, y el presidente del Ente del Agua local, Federico Nicolás Agudo, sean indagados por su presunta participación en los delitos de contaminación del río Paraná con vertidos cloacales y el incumplimiento de deberes como funcionarios públicos.
Según el abogado de Fomea, Fabián Maggi, el Municipio tenía conocimiento del daño ambiental causado, ya que encargó una evaluación ambiental del Parque Rafael de Aguiar en 2017, la cual reveló niveles alarmantes de contaminación con efluentes cloacales. Sin embargo, a pesar de ser alertados sobre la situación, no tomaron medidas para solucionarlo.
La problemática de la contaminación ambiental por vertidos ilegales de residuos peligrosos al río Paraná también fue llevada al Concejo Deliberante de San Nicolás, pero los concejales del oficialismo rechazaron su tratamiento en el recinto.
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