Alarmante situación de los colegios católicos porteños: alta morosidad, baja de matrículas y dificultades para abonar los sueldos

Con una cuarentena que se extendió mucho más allá de lo esperado y con una economía frenada, las familias buscan reducir sus gastos para poder llegar a fin de mes. Hoy en día, la educación privada es uno de los rubros afectados por esta tendencia y la morosidad en el pago de las cuotas y la caída de las matrículas se hace sentir con fuerza, sobre todo en los colegios católicos porteños.

Según datos de la Vicaría Pastoral de Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires, creada en 1998 por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, son 250 las escuelas de este tipo repartidas por la Ciudad, la mayoría de las cuales pagan al menos una parte de los salarios con aportes del Estado y otras tantas solo se sostienen con las cuotas abonadas por los padres.

Un documento elaborado por esa institución asegura que el incremento de la morosidad y la baja de matrícula es mayor a lo previsto y muestra una tendencia creciente mes a mes, sobre todo en las salas de jardín de infantes.

Es que, al temor de volver a mandar a clases a los más pequeños de forma presencial una vez que termine el aislamiento social por el coronavirus, se suma el rechazo casi generalizado a la decisión de no rebajar los montos de las cuotas en este contexto excepcional, en el que se intenta educar a la distancia.

A este panorama se agrega el hecho de que una gran proporción de las escuelas no puede abonar el primer Salario Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo del personal y muchos establecimientos ya han iniciado trámites para suspender a algunos de sus trabajadores según los términos del decreto 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso significa una suspensión por causas económicas dispuesta por el empleador, pero que debe ser aceptada previamente por el trabajador.

En lo que respecta a la ayuda gubernamental, “no se ha confeccionado ni una sola Planta de Aporte Estatal del 2020”, asegura el informe. Y agrega: “Se han impuesto restricciones al pago de suplentes y son crecientes los montos de faltantes mensuales”.

Los colegios católicos también advierten que son muy pocos los que pudieron adherirse al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que incluye la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

En abril, apenas 3 de las 68 escuelas del Arzobispado obtuvieron el beneficio del pago del ATP, pero sólo en una algunos empleados pudieron cobrar hace unos días.

En mayo, no hubo resolución en ninguna. Todas están en estado de análisis, excepto 5 a las que la página de la AFIP no permitió cargar los datos.

Mientras que en junio solo 49 cumplieron con los parámetros solicitados por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

De acuerdo a lo informado por el Arzobispado, el estado “en análisis” en AFIP impide acceder al beneficio de la prórroga para el diferimiento de las Cargas Patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Y, al estar en análisis, el sistema de AFIP tampoco otorga el código 460 que permite la postergación del pago.

Como requisito para ingresar a la ayuda estatal, se solicita que la facturación de 2020 no supere la de 2019. Sucede que casi todas las escuelas facturan lo devengado y no lo percibido. Es decir, emiten la factura antes del cobro. Entonces, con los aumentos en los cuotas que hubo en el último año, la caída de liquidez no se ve reflejada.

A esto se suma que ninguna de ellas pudo acceder a los créditos a tasa cero, que servirían para afrontar el pago de haberes del personal en aquellos colegios que no tienen el aporte estatal, más allá de la nota presentada en mayo por el Ministerio de Educación al Comité de Evaluación y Monitoreo de los ATP.

En el ministerio de Educación de la Nación tomaron nota de ese reclamo y avanzan en la identificación de las escuelas que necesitan la ayuda estatal, en la consolidación de una base estadística que no existe. En las cámaras valoran ese trabajo, pero sostienen que todavía es muy difícil para los colegios superar el trámite. Se les imponen demasiadas trabas, dicen.

Además, se suma otro factor que complica la identificación: los subsidios que ya recibe la mayoría de los establecimientos, que van del 100 al 40 por ciento para los salarios de la planta orgánica de docentes. Por ahora, para esas escuelas, está frenado el aporte porque pretenden individualizar a los maestros. Aquellos que tengan más del 50% de aportes no cobrarán el ATP. En cambio, a los que perciben su sueldo con menos del 50% de subsidio estatal se les sumará la diferencia para alcanzar ese porcentaje, en los casos en que la escuela lo solicite.

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