Patricia Bullrich promete indemnizar a víctimas del ataque montonero de 1975 en Formosa

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ha anunciado que, en caso de ganar las elecciones, tomará medidas para indemnizar a las víctimas del ataque montonero que tuvo lugar el 5 de octubre de 1975, contra el Regimiento de Infantería número 29 en la provincia de Formosa.

En un posteo en sus redes sociales, Bullrich tituló la iniciativa como “Un acto de justicia”. En sus declaraciones, la líder del PRO en uso de licencia expresó su intención de poner fin a las prolongadas demoras que, según ella, el Gobierno actual ha experimentado en este asunto.

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“A 48 años del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, me comprometo a tomar las medidas necesarias para indemnizar a las víctimas militares y civiles el primer día de mi gobierno”, afirmó Bullrich. Añadió que este acto de justicia pondrá fin a las inexplicables demoras de la administración actual y que su enfoque será el de arrojar luz sobre la historia sin discriminación.

Aunque Bullrich no especificó los detalles de cómo llevará a cabo esta indemnización ni los recursos que se destinarán, se comprometió a cumplir su promesa después de que el candidato libertario Javier Milei la acusara de haber tenido vínculos con la agrupación Montoneros y de haber colocado bombas en un jardín de infantes.

En medio de las acusaciones cruzadas en plena campaña electoral, Bullrich decidió tomar medidas legales contra el diputado fundador de La Libertad Avanza.

Cabe recordar que antes de dejar el cargo, el expresidente Mauricio Macri había emitido un decreto en diciembre de 2019 para indemnizar a militares heridos y a familiares de los fallecidos durante el mencionado episodio. Este decreto establecía que los herederos de los militares tendrían derecho a recibir una indemnización sustitutiva basada en el valor vida equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

Sin embargo, bajo la administración de Alberto Fernández, esta compensación económica quedó en espera y sin resolución.

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