Agenda pospandemia: ¿es posible un plan de ingreso universal?

Para la agenda pospandemia, el Gobierno está pensando en un “ingreso universal” de base. Quien concretamente plantea esa posible política es el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. “Es difícil hacer un pronóstico sobre cómo quedarán la economía y la sociedad a la salida de la cuarentena provocada por la pandemia. Pero tenemos claro que la gente que comenzó a recibir asistencia en este marco tendrá muchas dificultades; por eso es importante tener un ingreso de base para acompañarla en ese camino. Tenemos que demostrar la capacidad para reconstruir movilidad social ascendente”, dice el funcionario. Y agrega que ese “ingreso de base” debe estar relacionado con el mundo del trabajo y tener “asociación con los niveles de fiscalidad posible; no se puede entender el problema social argentino sin vincular trabajo, ingresos y acceso a servicios”.

La experiencia internacional en este tipo de políticas distingue entre el “ingreso básico” que busca generar un piso de protección social y el “ingreso universal”, que está basado en un enfoque que indica que todos tienen los mismos derechos. La idea no es nueva. En Estados Unidos, en 1969 ya Richard Nixon analizó la posibilidad de un impuesto negativo sobre la renta, un concepto que, en esencia, no difería demasiado de la renta básica sobre la que ahora se habla en diferentes lugares del mundo, como la Argentina.

No hay dudas de que el Estado deberá seguir presente con ayudas sociales una vez que la pandemia de coronavirus esté controlada, porque habrá una situación de mayor indigencia, mayor pobreza y mayor desempleo. La discusión abierta es sobre cuál será el formato de la asistencia.

Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la economista Gala Díaz Langou dice que, dado el actual contexto, la clave es proteger a los sectores más vulnerables. La propuesta que allí están elaborando apunta a crear un ingreso básico enfocado en la infancia. “Llegar a todas las familias con chicos, que son las que más están sufriendo -señala Díaz Langou-. Naciones Unidas alertó que por la pandemia y la cuarentena la pobreza infantil en la Argentina llegará al 60%, lo que es una gravísima hipoteca del futuro y una vulneración de los derechos de los niños”. En el 20% más pobre de la población, hoy el 91% de los hogares tiene niños.

El economista Rubén Lo Vuolo, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, fue de los primeros en hablar de un “ingreso universal” o “renta básica” en la Argentina. Ahora advierte que no le parece que esa sea la cobertura que se está discutiendo en el país ni en la región de América Latina.

Y explica que las características de un ingreso universal son: que esté garantizado por el Estado a todos o, al menos, a todos los ciudadanos de una misma categoría, sin ninguna condición y sin pedir contraprestación. “Responde más o menos a la misma lógica del derecho a la salud o a la del derecho a la educación pública universal y gratuita; se apunta a que este ingreso tenga ese rango”, describe.

En paralelo, añade, se debe impulsar una reforma tributaria: “Lo que pretende es cambiar la lógica actual del sistema fiscal, basado en impuestos regresivos y universales y en el gasto focalizado en los pobres -explica-. Esa lógica es poca eficiente; el gasto debe ser universal y el impuesto, más focalizado en los que tienen más capacidad contributiva”.

Una mirada crítica sobre el tema es la que tiene el economista e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), Oscar Cetrángolo. Él entiende que esta política no es una salida para uno de los problemas de fondo que tiene la Argentina, como lo es la distribución del ingreso: “Existe la ilusión de que con el ingreso universal se resolverán los problemas de administración que tienen los programas actuales, los problemas que tienen para llegar a quienes tienen que llegar. Hay que ordenar lo que existe y no seguir agregando. El problema es la falta de plata; hoy al que se le da no se le da mucho, y si se quiere hacer universal, no hay chances desde lo fiscal”.

El límite fiscal
El debate sobre si el Estado debe garantizar un nivel básico de recursos dijo presente en la campaña de los demócratas en Estados Unidos. El candidato Andrew Yang propuso una renta básica de US$1000 mensuales para todas las personas mayores de 18 años. En Kenia, la ONG GiveDirectly paga una renta de US$20 a 21.000 adultos de diferentes comunidades rurales durante 12 años; sus resultados se evaluarán al final del período, pero las conclusiones serán difícilmente extrapolables a países occidentales.

Entre 2017 y 2018, Finlandia entregó 560 euros al mes, sin ningún tipo de condición, a un grupo de desempleados elegidos al azar entre 175.000 personas que en 2016 habían recibido algún tipo de asistencia por desempleo. El objetivo fue determinar cómo impactaría en la empleabilidad. Se cortó el año pasado y se concluyó que sirvió para apuntalar la salud, la autoestima y el optimismo de los beneficiarios.

Hoy en la Argentina el universo de asistencia del Estado esta integrado por nueve millones de personas que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); 580.000 que reciben planes sociales (con una asignación vinculada al salario mínimo) y cuatro millones de chicos cuyos padres cobran la Asignación Universal por Hijo (este último grupo está incluido en el grupo de beneficiarios del IFE). “Sobre ese total -plantea el ministro Arroyo- hay que pensar el mecanismo de la renta básica, que deberá tener etapas ligadas a las posibilidades fiscales. De los nueve millones que cobran el IFE, hay tres millones en una situación muy difícil”.

Al funcionario agrega que la Argentina necesita “reconstruirse” sobre la base de que “hay ingresos que garantizar, porque hay gente que no tiene”; para alcanzar ese objetivo se debe potenciar el trabajo a través de cinco sectores productivos mano de obra intensivos: textil, construcción, producción de alimentos, cuidado y reciclado. Para Arroyo eso permitirá al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida, “porque no puede ser que una parte de la Argentina viva en el siglo 19, sin piso de material ni servicios básicos”.

Díaz Langou enfatiza que la Argentina necesita organizar sus bases de datos, porque existe una amplia dispersión de planes sociales. Afirma que la propuesta del Cippec es que el ingreso focalizado se de un valor tal que cubra la canasta básica de alimentos: “Es viable si se contempla reorientar inversiones desde otros programas, incluyendo el de la AUH. Hay que reorganizar la forma en que se transfiere dinero, homogeneizar criterios y pensar con una lente más progresiva. El IFE fue una medida excelente, pero es un monto fijo que se da a distintos tipos de familias por igual, cuando hay una multiplicidad de necesidades que no se pueden tratar con una tarifa plana”. Insiste en que, con la información que tiene, el Estado nacional podría “complejizar la mirada con un criterio de equidad”.

Con un enfoque diferente -el de ingreso “universal”, sin condiciones-, Lo Vuolo advierte que el país debe reorganizar todo su esquema de transferencias directas y elegir un segmento para iniciar el plan de cobertura. “Desde lo fiscal, es imposible pensar en toda la población a la vez, por lo que se debe ir avanzando de a tramos mientras se hace la reforma fiscal necesaria para acompañar” el plan de pagos. A su entender, la mayor traba para el avance de la propuesta es que los gobiernos se inclinan por políticas asistenciales que buscan sostener los “viejos paradigmas de la protección social, segmentada por situación de empleo e ingresos”.

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