Inicia semana de protestas en contra de despidos estatales, ante los despidos de estatales
En los próximos días, sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT), agrupaciones como CTA-ATE, y organizaciones sociales como Libres del Sur, la Federación de Tierra y Vivienda, y la Corriente Clasista y Combativa, se preparan para llevar a cabo intensas manifestaciones contra varios aspectos del plan económico del presidente Javier Milei. Los rumores sobre un inminente decreto que podría implicar despidos en el Estado y cambios drásticos en los planes sociales han elevado la tensión en el ambiente.
La CGT, junto con las dos CTA (De Los Trabajadores y Autónoma), encabezará una marcha el miércoles hacia Tribunales, buscando medidas que frenen la implementación del extenso DNU firmado por el presidente Milei, que busca desregular una parte significativa de la economía argentina. Posteriormente, se llevarán a cabo reuniones y asambleas para definir estrategias de lucha, incluyendo la posibilidad de convocar a un paro de actividades, especialmente por parte de las CTA.
Estas protestas contarán también con la participación de organizaciones sociales como Libres del Sur. Al día siguiente, la Corriente Clasista y Combativa y la Federación de Tierra y Vivienda recrearán el “matanzazo”, una protesta contundente realizada durante la crisis de 2001, que podría involucrar el bloqueo de la Ruta Nacional 3, una importante arteria en el distrito.
Estas acciones representarán un desafío para el denominado “protocolo anti piquetes”, establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que prohíbe el corte de calles y rutas durante las protestas, bajo la amenaza de sanciones y represión por parte de las fuerzas de seguridad federales.
En medio de este clima de tensión, el gobierno tiene previsto publicar un nuevo DNU que marcará el inicio de la reforma del Estado, contemplada en el Mega DNU número 70 y en un proyecto de ley que será enviado al Congreso. Según fuentes, este decreto implicará la no renovación de contratos de empleados estatales firmados a partir del 1 de enero de 2023, afectando a aproximadamente 7 mil trabajadores. También abrirá una etapa de evaluación de todas las estructuras gubernamentales durante los próximos 90 días, dando paso a posibles recortes adicionales.
Simultáneamente, se especula que el gobierno planea una reingeniería de los movimientos sociales, fragmentando su gestión en tres secretarías bajo el ministerio de Capital Humano, generando posibles conflictos con estas organizaciones. Además, se contempla el congelamiento del Plan Potenciar Trabajo, lo que podría impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los beneficiarios, especialmente ante el crecimiento proyectado de la inflación en los próximos meses.
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