Tecnología 5H: Ushuaia marca un hitó histórico en la protección de la salud y el medio ambiente

En un acto sin precedentes, el Concejo Deliberante de Ushuaia ha tomado medidas extraordinarias en el ámbito de las telecomunicaciones y la salud pública al aprobar una normativa pionera que prohíbe la implementación de la tecnología de comunicaciones 5G en la ciudad más austral del mundo.

La Ordenanza Municipal N° 6317, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo Municipal, establece una moratoria en la instalación de cualquier infraestructura relacionada con la tecnología 5G. Esta decisión surge como respuesta a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos y refleja una postura cautelar hacia esta tecnología emergente hasta que se presenten pruebas concluyentes sobre su inocuidad.

La normativa declara a Ushuaia como una “zona libre de radiaciones” derivadas de la tecnología 5G y tecnologías de transmisión de datos de generaciones futuras. Además, prohíbe expresamente la instalación de estas tecnologías hasta que se disponga de estudios médicos y epidemiológicos que aseguren su seguridad, fundamentándose en el “principio precautorio” en materia de salud y ambiental.

Los estudios médicos que busquen revocar esta prohibición deberán contar con el aval de organismos internacionales de renombre, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF), y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo.

La Municipalidad de Ushuaia ha dejado en claro que no otorgará permisos para obras o instalaciones que impliquen el despliegue de la tecnología 5G hasta que se cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza. Cualquier autorización otorgada en contravención de esta normativa será considerada nula y no generará derecho a indemnización.

Es importante destacar que, aunque esta prohibición es una decisión municipal, la autorización para implementar tecnologías como la 5G es competencia del Gobierno Nacional y del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), lo que plantea un escenario potencial de obstáculos legales para las empresas con licencias nacionales en Ushuaia, con la posibilidad de desencadenar litigios judiciales.