Fin del fondo compensador del transporte público en las provincias

El Gobierno nacional ha anunciado la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del interior del país, una medida que ha generado preocupación entre las provincias argentinas. Este fondo, que durante 2023 representó un importante recurso para las regiones de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Salta, ahora desaparecerá como parte de un ajuste fiscal impulsado desde la Casa Rosada.

Rechazo de los Gobernadores

Los gobernadores han recibido la decisión del Gobierno con desaprobación y actualmente están evaluando cómo afrontar esta nueva situación. Según datos proporcionados por la Secretaría de Transporte, durante el pasado año, el Fondo Compensador del Transporte Público distribuyó un total de $70.712 millones entre las provincias, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibió compensaciones tarifarias por un monto de $343.067 millones.

Concentración de Recursos en Cuatro Provincias

El informe de la consultora Politikon Chaco revela que el 53,9% de los recursos del Fondo Compensador fueron destinados a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Salta. En detalle, Córdoba recibió el 20,6% del total, seguida por Santa Fe con el 14,9%, Tucumán con el 9,6%, y Salta con el 8,8%. Esta concentración de fondos en solo cuatro provincias ha sido objeto de debate en el ámbito político y económico.

Consecuencias para el Año en Curso

Si bien durante 2023 el Fondo Compensador del Transporte Público representó un importante recurso para las provincias, las proyecciones indican que este año la situación será diferente. Según Politikon Chaco, el Gobierno nacional podría haber destinado $87.600 millones en 2024 para este fin si no hubiera anunciado la eliminación del fondo.

l.

Origen y Función del Fondo Compensador

Creado por la ley 27.467, el Fondo Compensador del Transporte Público tenía como objetivo principal atender los desequilibrios financieros de provincias, municipios y empresas de colectivos del interior del país. Su desaparición plantea nuevos desafíos para la gestión financiera de las regiones afectadas, quienes ahora deberán buscar alternativas para mantener la viabilidad de sus sistemas de transporte público.

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