Táctica poco común: ¿podría el gobierno recurrir a la consulta popular por la ley “bases”?

En los últimos días, la propuesta del legislador del PRO Gerardo Milman para someter a consideración ciudadana las reformas políticas y económicas contempladas en el proyecto original de ley “Bases” ha generado debate entre expertos legales y políticos. Sin embargo, según diversos especialistas, esta iniciativa enfrenta obstáculos legales que podrían impedir su avance.

El proyecto, presentado luego de la frustración del tratamiento legislativo del proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, busca dar voz a la ciudadanía mediante una consulta popular vinculante. Sin embargo, su viabilidad legal ha sido cuestionada debido a la naturaleza de las reformas propuestas.

Los expertos señalan que, de acuerdo con la Constitución, las consultas populares no pueden abarcar temas cuya aprobación requiera una mayoría absoluta en el Congreso, como es el caso de las reformas electorales contempladas en el proyecto “Bases”. Además, resaltan la falta de inclusión de la pregunta específica a ser formulada a los ciudadanos, lo cual es un requisito fundamental para este tipo de mecanismos.

A pesar de la apertura del Gobierno a considerar herramientas constitucionales similares, como la consulta popular, para reimpulsar el proyecto frustrado, los especialistas advierten sobre la necesidad de respetar los límites legales establecidos.

La historia de las consultas populares en Argentina también arroja luces sobre este debate. Si bien existe un precedente de consulta no vinculante en 1984, utilizado para abordar una disputa diplomática con Chile, los expertos señalan que su aplicación en el contexto actual plantea desafíos tanto legales como políticos.

En conclusión, mientras la propuesta de Milman busca involucrar a la ciudadanía en decisiones clave para el país, su viabilidad legal y su adecuación al marco constitucional son aspectos que requieren un análisis cuidadoso y riguroso por parte del Congreso y los expertos en derecho constitucional.