La larga brecha de género en la Corte Suprema Argentina: voces claman por equidad
Desde su establecimiento en 1862, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha sido un bastión masculino, con solo tres mujeres entre sus 111 ministros. Este desequilibrio de género ha sido evidente a lo largo de sus casi 162 años de historia, con la presencia femenina limitada a solo dos periodos distintos. Margarita Argúas se destacó como la primera mujer en ocupar un asiento en la Corte entre 1970 y 1973, seguida décadas después por Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay en el nuevo milenio.
Sin embargo, tras la reestructuración del tribunal bajo la administración de Néstor Kirchner, estas presencias femeninas se desvanecieron. Desde entonces, la Corte ha estado dominada exclusivamente por hombres, lo que ha generado un llamado urgente a la inclusión de más mujeres en el máximo tribunal.
La reciente nominación de dos hombres para llenar una vacante en la Corte ha provocado un rechazo generalizado, especialmente desde sectores relacionados con el derecho y la justicia. Organizaciones como la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina (Amja) y la Federación Argentina de Magistrados (FAM) han manifestado su descontento, subrayando que la falta de representación femenina compromete la igualdad de género y la legitimidad democrática.
Estas organizaciones insisten en que el presidente de la Nación debe cumplir con los mandatos constitucionales y convencionales para garantizar la igualdad de género en la Corte Suprema. Instan a que al menos una mujer sea considerada para ocupar la vacante, como un paso esencial hacia el progreso social y la equidad de género.
El “Colectivo Mujeres del Derecho”, un conglomerado de mujeres comprometidas con los derechos humanos y la igualdad, también se suma al rechazo de la exclusión femenina en la Corte. Para este grupo, una Corte sin representación femenina es una Corte que carece de justicia.
En resumen, el llamado por la inclusión de más mujeres en la Corte Suprema Argentina no solo refleja una cuestión de equidad de género, sino también la necesidad de diversidad y representatividad en un tribunal clave para la democracia y el estado de derecho.
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