La persistente marcha del narcisismo y la desidia democrática
Mientras el narcisismo avanza inexorablemente hacia su meta de aniquilación, persistiendo en su curso sin desviarse, los cimientos de los derechos civiles y humanos en Argentina se desmoronan. Hace apenas cuatro meses, presenciamos el desmantelamiento de estos derechos, consagrados en la Constitución Nacional, mientras el Poder Judicial, el guardián de las garantías democráticas, permanece inerte.
Recientemente, la Inspección General de Justicia (IGJ) derogó la resolución 34/2020, la cual aseguraba una representación equitativa de género en los altos cargos de diversas entidades. Esta medida, diseñada para contrarrestar la discriminación de género arraigada en una sociedad patriarcal, se desvanece ante nuestros ojos.
El cupo femenino fue concebido para abrir camino a las mujeres en roles directivos, desafiando las barreras impuestas por una estructura social que históricamente las marginaba. Sin embargo, su abolición amenaza con retroceder décadas de avances hacia la igualdad.
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Según la consultora KPMG, en el momento de su implementación, solo el 10,3% de los miembros de los directorios de empresas argentinas eran mujeres. A pesar de algunos avances, en 2023 la proporción seguía siendo desalentadoramente baja, con solo un 15% de mujeres ocupando estos cargos.
Resulta especialmente alarmante que la IGJ, una entidad bajo el ala del Ministerio de Justicia, participe en esta regresión hacia la desigualdad de género. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei ha dirigido su atención a atacar sistemáticamente a las mujeres, desde figuras públicas hasta políticas destinadas a la igualdad de género.
La misoginia se manifiesta en formas variadas, desde la negación de la disparidad de género hasta la desestimación de cuestiones fundamentales como el derecho al aborto. A medida que las provocaciones se multiplican, la pregunta persiste: ¿por qué el Congreso y los fiscales permanecen inactivos ante esta embestida contra los derechos de las mujeres?
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En un contexto donde la lucha por la igualdad de género es una batalla constante, la derogación de medidas destinadas a garantizar la participación equitativa de las mujeres en altos cargos representa un paso atrás significativo. La persistente negligencia del gobierno y la complicidad silenciosa de las instituciones judiciales refuerzan la noción de que la misión subyacente es, en efecto, la aniquilación de los derechos femeninos.
Esta regresión hacia la desigualdad de género, exacerbada por discursos y políticas misóginas, plantea interrogantes urgentes sobre el compromiso real con la justicia y la igualdad. La resistencia contra esta agenda regresiva debe ser incansable y unificada, con un llamado claro a la acción por parte de los líderes políticos, el poder judicial y la sociedad en su conjunto.
El camino hacia la igualdad puede ser arduo, pero es esencial mantener la firme convicción de que cada paso hacia adelante es un avance hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, independientemente de su género.
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