Ajustes clave en proyecto de Ley y Paquete Fiscal para avanzar en el Senado
Tras un exhaustivo mes de deliberaciones en comisiones, el oficialismo logró asegurar las firmas de los dictámenes tanto para la ley de Bases como para el paquete fiscal, allanando así el camino para sesionar en el recinto del Senado de la Nación el pasado jueves.
Este avance no fue sin concesiones. Más de 40 modificaciones fueron incorporadas, impulsadas principalmente por los bloques dialoguistas nacionales y partidos provinciales. A continuación, detallamos los principales cambios aceptados por La Libertad Avanza:
Reforma en Impuesto a las Ganancias: Uno de los puntos más controvertidos, especialmente con respecto a la restitución de la cuarta categoría de Ganancias que afectaba particularmente a las provincias de la Patagonia. Para abordar estas preocupaciones, el oficialismo aumentó en un 22% el mínimo no imponible para los habitantes sureños. Sin embargo, esta medida no satisfizo a otros senadores y gobernadores de regiones con asalariados de altos ingresos.
Blanqueo de Capitales: Se introdujeron dos cambios significativos en el régimen de blanqueo: la exclusión de los hermanos de los funcionarios para adherir al régimen y la prohibición para que los funcionarios públicos que hayan ejercido un cargo en los últimos 10 años puedan acogerse al mismo.
Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI): Este fue uno de los temas más debatidos durante las sesiones informativas de mayo. El Gobierno modificó la redacción del artículo 163 para garantizar el respeto a las autonomías provinciales. Además, se agregó la obligación para las empresas que se acojan al RIGI de presentar un plan de desarrollo con proveedores locales, así como se equiparó el acceso a los beneficios fiscales y cambiarios para las industrias nacionales.
Regalías Mineras: Como concesión de último momento, el oficialismo aceptó elevar la percepción de las regalías mineras provinciales del tres al cinco por ciento, atendiendo al pedido del senador José María Carambia de Santa Cruz. Este ajuste estipula que las provincias adheridas no podrán cobrar más del cinco por ciento sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído.
Facultades Delegadas: El Ejecutivo realizó modificaciones en la redacción del artículo 3, incluyendo a 15 organismos e instituciones públicas que no podrán ser intervenidos para su disolución. Entre ellas se encuentran el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros. También se añadió un párrafo para asegurar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, como pedido de los correligionarios.
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