El Gobierno poromulga la Ley de Bases: reforma del Estado y privatizaciones
El presidente Javier Milei promulgó hoy la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, junto con un paquete de medidas fiscales, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.
Mediante los Decretos 592 y 593, publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la ley aprobada por el Congreso, delegando facultades al Poder Ejecutivo para realizar reformas en el Estado. Esta promulgación antecede la firma del Pacto de Mayo, programada para esta noche en la Casa Histórica de Tucumán.
Con esta ley, Milei obtiene la autoridad para modificar, eliminar o reorganizar organismos de la administración central y descentralizada, exceptuando universidades y ciertos organismos judiciales y legislativos.
Los decretos están firmados por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Economía Luis Caputo, garantizando la vigencia de las nuevas normativas.
El gobierno libertario priorizará la reglamentación del apartado fiscal, enfocándose especialmente en la restitución del Impuesto a las Ganancias y las facultades delegadas. Fuentes oficiales aclararon que estas disposiciones entrarán en vigor en un plazo de dos meses.
Un punto destacado de la ley es la privatización de empresas estatales como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En cuanto al empleo público, se regula la situación de disponibilidad para el personal afectado por reestructuraciones, estableciendo un periodo máximo de 12 meses durante el cual deberán recibir capacitación o desempeñar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al finalizar este periodo no se ha formalizado una nueva relación laboral, el trabajador será desvinculado automáticamente.
La normativa también autoriza la renegociación o rescisión de contratos de obra pública, concesión, construcción o provisión de bienes y servicios, cuando la suspensión o rescisión sea más conveniente para el interés público.
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