El Senado inicia su receso con debates pendientes sobre movilidad jubilatoria y la Corte Suprema
La próxima semana, el Senado comenzará su receso invernal, aunque antes se llevarán a cabo reuniones de comisión y discusiones cruciales sobre dos temas polémicos: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. La movilidad jubilatoria, que ya cuenta con media sanción en Diputados, fue aplazada para lograr un acuerdo y evitar un posible veto presidencial. En cuanto a los pliegos de los jueces, la posición de la bancada de Unión por la Patria sigue siendo incierta, lo que añade una capa de incertidumbre a los debates.
En un movimiento estratégico, la oposición dialoguista impidió que la movilidad jubilatoria se tratara sobre tablas en la última sesión, una maniobra que intentaba el bloque de Unión por la Patria. A pesar de que la propuesta fue aprobada en Diputados por la UCR y Hacemos Coalición Federal, en el Senado optaron por negociar con el Gobierno. Molesto por la media sanción, el presidente Javier Milei amenazó con vetar la ley y criticó duramente a los legisladores que la apoyaron.
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Queda aprobada la moción para tratar el proyecto de ley de actualización de la fórmula de movilidad de las jubilaciones con dictamen de comisión en la próxima sesión
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 4, 2024
La propuesta con media sanción incluye la compensación por la inflación no reconocida en enero, un aumento adicional anual basado en el índice Ripte, y la cancelación de deudas del Ejecutivo con cajas previsionales provinciales y juicios de jubilados. Estas obligaciones financieras, sin embargo, no son una prioridad para el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya principal preocupación es alcanzar el déficit cero.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto con su equipo, ha estado buscando alternativas que puedan ser aceptables tanto para Milei como para Caputo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el impacto de la nueva fórmula sería del 0.4% del PBI, aunque en el Ejecutivo creen que este porcentaje aumentará con el tiempo debido a las actualizaciones anuales del Ripte. Parte de la oposición dialoguista está de acuerdo con esta perspectiva y por ello está dispuesta a negociar, aunque esto podría perjudicar a los jubilados. El oficialismo insiste en que el proyecto debe incluir una fuente de financiamiento clara.
En paralelo, se están llevando a cabo negociaciones más discretas respecto a los nombramientos en la Corte Suprema. Ariel Lijo y Manuel García Mansilla son los candidatos propuestos, aunque ambos han enfrentado numerosas impugnaciones. Desde Unión por la Patria no se ha adelantado una posición clara, pero se rumorea que podrían apoyar a Lijo, considerado un juez con el que “se puede dialogar”.
El senador Oscar Parrilli, reflejando el pensamiento de Cristina Kirchner, comentó que las críticas de Clarín y La Nación a Lijo son una especie de “medalla de honor”. Sin embargo, dentro del bloque oficialista, el tema aún no ha sido discutido en profundidad. Luis Juez, presidente del bloque PRO y aliado al oficialismo, ya adelantó que no apoyará a Lijo.
Se requieren 48 votos para aprobar los pliegos. Esta semana se espera la publicación de los edictos para las audiencias públicas, donde los candidatos deberán defender sus postulaciones ante la comisión de Acuerdo, probablemente a principios de agosto. El Ejecutivo insiste en que los dos candidatos deben ser votados en conjunto, como un paquete cerrado.
