SAN NICOLÁS

Inspección judicial y nuevos retiros voluntarios en Atanor

En el contexto del expediente por daño ambiental que involucra a la empresa Atanor, este viernes se llevará a cabo una nueva inspección judicial encabezada por la “Mesa de Gestión Ambiental”. Este comité fue establecido por la jueza Luciana Díaz Bancalari, responsable de la causa, y está liderado por Homero Máximo Bibiloni, experto en Derecho Administrativo y Ambiental y Coordinador de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la UNAJ. Lo acompañarán Jorge Etcharran, Magister en Políticas Ambientales y Territoriales, junto a otros reconocidos profesionales.

La jueza Díaz Bancalari ha confirmado su participación en la diligencia y ha convocado a representantes del Ministerio de Ambiente de la Provincia, la Autoridad del Agua y funcionarios de la Municipalidad de San Nicolás. Entre los citados están Matías Grams, secretario de Gobierno, Oscar Osvaldo Rodríguez, subsecretario de control, y la ingeniera Ambiental Camila Fernández.

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Tras la inspección de la planta de Atanor, la “Mesa de Gestión Ambiental” y la jueza decidirán los próximos pasos a seguir en este conflicto ambiental que lleva décadas sin una solución efectiva.

La planta de Atanor ha estado clausurada desde la explosión del 20 de marzo pasado y debido a una sentencia anterior de Díaz Bancalari, quien constató el funcionamiento ilegal de la empresa. La jueza había ordenado una serie de medidas que Atanor no cumplió, lo que culminó en la explosión que afectó a los barrios cercanos y al Río Paraná. Actualmente, la planta sigue sin operar ya que no cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental ni el Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos Industriales, ambos requisitos indispensables para su funcionamiento legal.

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Además, Atanor ha estado involucrada en varios incidentes de contaminación ambiental y accidentes laborales con graves consecuencias.

Programa de retiros voluntarios

Por otro lado, Atanor ha iniciado un registro de salida voluntaria para los 150 trabajadores que están suspendidos desde el 14 de mayo. Las suspensiones finalizarán este domingo, generando un clima de incertidumbre y angustia entre las familias afectadas.

La producción en Atanor está detenida desde el 20 de marzo, cuando la jueza Díaz Bancalari, del Juzgado en lo Correccional Nº 3 de San Nicolás, impuso una medida cautelar tras una demanda de la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná. La organización expresó preocupaciones sobre el impacto ambiental y la seguridad de los procesos industriales.

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El plan de suspensiones, vigente hasta el 11 de agosto, fue implementado con la esperanza de que en estos tres meses la jueza Bancalari autorizara la reanudación de las operaciones, al menos en los sectores no involucrados en las denuncias ambientales.

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