Atanor extiende las suspensiones laborales mientras espera la decisión judicial
El martes pasado, Ricardo García, secretario general del Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas, se refirió a la situación crítica que atraviesan los trabajadores de la planta de Atanor, la cual se encuentra detenida desde el 20 de marzo debido a una medida cautelar dictada por la jueza Luciana Díaz Bancalari tras una presentación de una ONG ambiental.
En respuesta a la falta de avances en el proceso judicial, la empresa Atanor decidió abrir un registro de retiros voluntarios para los empleados afectados. “El viernes, la empresa nos informó sobre la implementación de los retiros voluntarios, dado que aún no hay respuesta por parte de la Justicia”, comentó García en días recientes.
Atanor, luego de presentar informes periciales que argumentan que sus operaciones no representan un riesgo para la salud ni el medioambiente, suspendió a todo el personal el 14 de mayo, manteniendo a los trabajadores con el 75% de su salario. Esta medida afecta a 150 empleados, incluyendo personal propio y contratistas.
García expresó su preocupación ante la extensión de los plazos: “Era previsible que esto sucediera. Los tiempos se han alargado, y el acuerdo de suspensión vencía el domingo 11 de agosto”. Sin embargo, confirmó que la jueza Díaz Bancalari visitó la planta el viernes pasado junto con peritos, quienes deben evaluar la situación y emitir un informe.
Ante esta situación, Atanor ha decidido extender una semana más la posibilidad de los retiros voluntarios y las suspensiones laborales, a la espera de una resolución judicial. Se espera que la jueza tome una decisión dentro de los próximos siete días, lo que será crucial para los trabajadores que, con incertidumbre, aguardan un desenlace a este conflicto que ya se prolonga desde marzo. “En una semana, o máximo en dos, tendremos un panorama más claro”, aseguró García.
El secretario gremial subrayó la gravedad de la situación: “Ya llevamos casi cinco meses sin trabajar, cobrando solo el 75% del sueldo, lo que ha generado un significativo deterioro salarial. Estamos en una situación que nunca debimos haber alcanzado”.
Finalmente, García criticó duramente el accionar judicial y la intervención del Ministerio del Medio Ambiente, señalando que “la Justicia es injusta” y que la clausura de la planta carece de fundamento lógico, dado que el incidente en una sección específica aún está bajo investigación.
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