Interrupción en la investigación científica: dos años de parálisis

El país enfrentará una suspensión en el inicio de nuevas investigaciones científicas por un período de al menos dos años. Esta medida fue comunicada por Alicia Caballero, titular de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a las autoridades universitarias del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generando una gran preocupación en la comunidad científica.

La decisión no solo implica un ajuste en los recursos disponibles, sino una paralización efectiva de los proyectos en curso. Además, contradice el mandato de una ley nacional que garantiza el financiamiento estatal para investigaciones básicas. Caballero informó que el Gobierno solo cubrirá los “Proyectos de Investigación” (Picts) firmados en 2022, que deberían haber sido financiados el año pasado. No habrá nuevas convocatorias para investigaciones este año ni en 2025, salvo que surjan fondos adicionales.

Desde la década de 1990, la investigación científica en Argentina ha sido respaldada por tres organismos principales: las universidades y la Secretaría o Ministerio de Ciencia, encargados de la infraestructura; el Conicet, que se ocupa de los sueldos y gastos en recursos humanos; y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que financia los proyectos de investigación. Esta última, rebautizada como Agencia I+D+i durante el gobierno de Alberto Fernández, había sido designada por ley para recibir incrementos en su financiamiento con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030.

Los grupos de investigación solían presentar propuestas detalladas, incluyendo objetivos, formación del equipo, acuerdos con otros grupos y publicaciones previas. Estas propuestas eran evaluadas exhaustivamente antes de recibir financiamiento para comenzar las investigaciones. Sin embargo, la reciente decisión implica que los proyectos en evaluación para 2023/2024 no serán financiados, y se prevé que tampoco habrá financiamiento en 2025, lo que podría paralizar la investigación científica básica durante al menos dos años.

La medida no solo implica un recorte de gastos, sino que también incumple la ley que asegura el financiamiento de la investigación científica. Además, podría provocar una fuga de cerebros, un fenómeno mucho más difícil de revertir que el parón de una obra pública. A nivel mundial, la investigación básica suele estar a cargo del Estado, con el capital privado interviniendo en fases posteriores de desarrollo. Un ejemplo destacado es el trabajo de la científica Raquel Chan, quien identificó un gen en el girasol que permitió el desarrollo de trigo resistente a la sequía, un avance que llevó a una empresa de biotecnología a tener éxito en Wall Street.