Modificaciones en el programa Acompañar: nuevos requisitos para acceder a la asistencia
El Gobierno Nacional anunció cambios significativos en el programa Acompañar, diseñado para asistir a víctimas de violencia de género. A partir de ahora, mujeres y personas LGBT+ deberán demostrar su situación mediante una denuncia judicial o policial para recibir ayuda.
Mediante el decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria ha establecido nuevas condiciones para el acceso al programa, anteriormente gestionado por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Según el nuevo decreto, para acceder a la asistencia del programa Acompañar será necesario presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se exigirá la acreditación de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. La medida aplica a todas las personas residentes en el país que sean ciudadanas argentinas nativas, por opción o naturalizadas, así como extranjeras con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los 18 años.
Anteriormente, el único requisito era presentar un informe social. También se han implementado recortes en las prestaciones económicas: la asistencia económica, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, se abonará durante tres meses en lugar de seis.
La nueva normativa establece que la prestación será “no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva”, destinada a quienes se encuentren en situación de riesgo por violencia de género.
El Ministerio de Justicia indicó que estos cambios responden a la detección de irregularidades en el manejo anterior del programa, que incluían la entrega discrecional de subsidios y el uso político de los mismos. Actualmente, se está llevando a cabo una auditoría para revisar y ordenar las entregas, aunque no se han previsto medidas de apoyo para las víctimas que denuncian sin independencia económica.
El decreto entra en vigencia hoy y busca, según el Ministerio de Justicia, promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ en riesgo mediante una prestación económica y el fortalecimiento de redes de apoyo, con el objetivo de permitirles cubrir gastos esenciales y desarrollar proyectos de vida libres de violencia.
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