Nuevo revés para los sindicatos: el Gobierno facilita los aportes a las prepagas
El Gobierno ha dado un nuevo golpe al financiamiento de los sindicatos con una normativa que permite a las empresas de medicina privada recibir aportes directos sin necesidad de que estos pasen antes por las obras sociales. Esta medida se establece a través del Registro de Agentes del Seguro de Salud (RNAS), al que las entidades de medicina privada deberán inscribirse para poder acceder a estos aportes, según la Resolución 3284/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada hoy en el Boletín Oficial.
El primer artículo de la resolución establece que “a partir del 1º de diciembre de 2024, todas las entidades comprendidas en el artículo 1º de la Ley N° 26.682 que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán estar inscriptas en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (R.N.A.S.) con encuadre en el inciso i) del artículo 1° de la Ley N° 23.660”.
Asimismo, se detalla que “la inscripción mencionada en el ARTÍCULO 1º habilitará a las entidades a ofrecer planes de salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las Leyes NROS. 23.660, 23.661, 26.682, sus modificatorias y reglamentarias”. Esto significa que las prepagas registradas podrán recibir aportes directamente de los afiliados, sin que estos deban pasar primero por las obras sociales.
En los considerandos, la resolución aclara que las entidades inscritas “pueden ofrecer a sus beneficiarios planes de salud, utilizando como parte de pago los aportes y contribuciones obligatorios y solicitando el pago adicional de una cuota”. También menciona que “cumplidos los plazos establecidos en la presente, los trabajadores podrán derivar directamente sus aportes y contribuciones a la Entidad de Medicina Prepaga que elijan, sin tener que recurrir al procedimiento de intermediación de derivación actualmente vigente”.
La medida llega en un contexto de tensiones sobre la reforma laboral, ya que la cuestión de los aportes a las obras sociales había quedado fuera de la Ley Bases sancionada a fines de junio. Esto generará un impacto en las conversaciones entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno, que habían avanzado en la creación de una comisión para aclarar aspectos de la reforma laboral que inquietan a los sindicatos.
Recientemente, el Gobierno llegó a un acuerdo con la CGT para formar una mesa técnica que aborde la penalización de los bloqueos, un tema que la CGT considera mal redactado, lo que podría dar pie a interpretaciones arbitrarias por parte de los empresarios y facilitar despidos. Héctor Daer, co-titular de la CGT, expresó la necesidad de precisar la redacción de un artículo de la Ley de Bases que modifica el artículo 242 de despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo, subrayando que “este tipo de vaguedades genera posible discrecionalidad para los empresarios”.
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