Ratificaron la prohibición de alojar detenidos en la DDI de San Nicolás
El pasado miércoles, la jueza María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, resolvió mantener vigente la prohibición de alojar personas detenidas en la DDI de la Policía bonaerense. La medida responde a un habeas corpus colectivo impulsado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que denunció gravísimas condiciones de detención en la dependencia.
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La jueza confirmó que la clausura, vigente desde enero de 2020, no ha sido levantada, y exigió al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que se realicen las obras necesarias para garantizar condiciones dignas en caso de futuros alojamientos.
Inspección de la CPM
El proceso judicial se originó en una inspección realizada el 17 de septiembre por la CPM, en su carácter de Mecanismo de Prevención de la Tortura. En el relevamiento, se detectaron graves irregularidades: falta de provisión de alimentos, calefacción, ventilación, limpieza y condiciones adecuadas de alojamiento.
Se informó que ocho personas permanecían alojadas pese a la clausura vigente. Seis de ellas compartían un calabozo de aproximadamente 20 metros cuadrados, mientras que las otras dos estaban en la “matera”, un pasillo carente de privacidad, luz natural, sanitarios y duchas, y con un único foco encendido las 24 horas.
Falencias estructurales y judicialización
Entre las irregularidades detectadas, se destacaron celdas con humedad, paredes sucias, instalaciones eléctricas precarias y ausencia de colchones ignífugos. Además, el acceso al patio al aire libre estaba restringido, y los detenidos no recibían alimentos ni insumos básicos.
En base a los informes técnicos, pericias arquitectónicas y evaluaciones realizadas por especialistas, la jueza Maiztegui concluyó que la DDI “no está en condiciones de alojar personas privadas de la libertad” y resolvió mantener la prohibición vigente.
Asimismo, destacó: “Corresponde instar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que se realicen las obras dictaminadas por los Peritos Arquitectos, adjuntándole asimismo la pericia arquitectónica realizada en fecha 08/11/2024, en el marco de la presente”.
El fallo refuerza la responsabilidad del Estado en garantizar el respeto por los derechos humanos en los lugares de detención y exige acciones concretas para abordar las falencias estructurales de la dependencia.
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