El gobierno de Milei refuerza la política migratoria con nuevas medidas

El gobierno de Javier Milei implementó una serie de medidas que endurecen la política migratoria en Argentina. Entre ellas, se establece un arancel para la educación en universidades públicas para extranjeros no residentes, y se cobrará la atención médica a aquellos que lleguen al país desde otras naciones.

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“Se va a disponer que universidades nacionales puedan cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esta medida había sido intentada anteriormente en la Ley Bases, pero fue retirada en ese momento. Cabe destacar que la mayoría de las universidades argentinas ya exigen la residencia como requisito para la inscripción de estudiantes extranjeros.

En relación con la atención sanitaria, Adorni afirmó: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”, refiriéndose a la medida que permitirá a los organismos nacionales, provinciales y municipales determinar el acceso al sistema de salud. “Incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residen en el país”, añadió, resaltando el caso de Salta, donde la implementación de una medida similar resultó en una reducción del 95% en la atención a extranjeros, con un “ahorro de 60 millones de pesos”.

El vocero también destacó que se ampliarán los delitos que pueden justificar la expulsión de inmigrantes, incluyendo la captura en flagrancia o la violación de los principios democráticos. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o violenta el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá el reingreso”, explicó. En casos de violación de la prohibición de ingreso, la persona será detenida.

Adorni justificó estas reformas asegurando que buscan “tener un país ordenado” y “cuidar de sus fronteras”. Además, señaló que estas medidas ayudarán a financiar las universidades, que enfrentan una crisis por los recortes de presupuesto y los bajos salarios docentes.

Estas nuevas políticas fueron anunciadas en un contexto de incertidumbre sobre el presupuesto 2025, que aún debe ser aprobado por el Congreso de la Nación.

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