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ATE denuncia que el 96% de los empleados públicos aprobó el examen y exige la incorporación a planta permanente

El gremio de estatales asegura que los resultados demuestran la idoneidad de los trabajadores y piden la renovación de contratos de manera automática.

El gremio de ATE informó que, hasta el momento, el 96% de los empleados públicos evaluados aprobaron el examen de idoneidad implementado por el Gobierno de Javier Milei, lo que generó una fuerte reacción en defensa de los derechos de los trabajadores. Ante estos resultados, ATE exige que se incorpore a los empleados aprobados a la planta permanente del Estado.

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Rodolfo Aguiar, titular de ATE, destacó que el 96,3% de los exámenes del Sistema de Evaluación Pública (SEP) fueron aprobados. Además, subrayó que en el caso del escalafón de servicios generales, el porcentaje de aprobados alcanzó el 98%. “Al Gobierno le salió el tiro por la culata”, afirmó Aguiar, quien ha calificado de ilegal este proceso de evaluación, argumentando que se trata de una medida destinada a justificar el ajuste en el Estado, conocido como la “motosierra” que promueve Milei.

El dirigente sindical sostuvo que los exámenes demuestran la idoneidad de los trabajadores y, por lo tanto, el Gobierno debería otorgarles estabilidad laboral, incorporándolos a la planta permanente. Asimismo, exigió que los contratos laborales sean renovados automáticamente por un año para aquellos trabajadores contratados.

Según datos del sindicato, más de 4.000 empleados rindieron exámenes en la primera semana, lo que representa más del 10% de los trabajadores que el Gobierno planea evaluar. De este total, 4.002 aprobados evidencian el alto nivel de los empleados públicos. ATE anticipa que más de 5.000 exámenes se tomarán esta semana, con una nueva tanda de inscripciones para los trabajadores que se han anotado para rendir en diciembre y enero, ya superando los 30.000 inscritos.

Aguiar también hizo hincapié en la responsabilidad de los funcionarios y pidió que todo el Gabinete de Milei sea sometido a evaluaciones. “Es necesario establecer un mecanismo que revele la incapacidad de gestión de los funcionarios, desde los directores hasta los ministros”, planteó.

A pesar de sus objeciones a la legalidad del proceso, Aguiar resaltó el compromiso de ATE con la capacitación de los trabajadores. “Desde el primer momento, los dirigentes y delegados decidieron acompañar a los trabajadores con cursos de formación y repaso”, concluyó.

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