El gobierno da un nuevo golpe a Techint: impacta su emisión de deuda de USD 700 millones
La creciente tensión entre el gobierno y el grupo Techint recibió un nuevo impulso la semana pasada, cuando el principal holding del país sufrió dos medidas contundentes por parte del Ejecutivo. Primero, una flexibilización de las importaciones, y pocos días después, una resolución que afectó gravemente la emisión de deuda por USD 700 millones.
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Con el decreto 33, publicado el jueves en el Boletín Oficial, el gobierno modificó el marco regulatorio para las medidas antidumping, favoreciendo las importaciones de productos de China, competencia directa del grupo de Rocca.
Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, justificó la medida diciendo: “Con esta reforma, se fomenta la competencia, se restituye la función original de los derechos antidumping y se busca un comercio exterior más transparente y equilibrado.”
El dilema de la UIA
La reacción de la Unión Industrial Argentina (UIA), liderada por Rocca, no se hizo esperar. Si bien celebraron la reducción de la burocracia, insistieron en la necesidad de políticas de protección industrial, las cuales brillaron por su ausencia en la agenda del gobierno.
“Con economías de gran escala, macroeconomía estable y ordenada, infraestructura de nivel mundial, altos niveles de crédito, entre otras, los países desarrollados resguardan la producción, el empleo y la inversión local frente a la competencia desleal”, señalaron desde la UIA. Añadieron también que “más del 21% de las medidas antidumping registradas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) son de los Estados Unidos, seguido por la India con cerca del 14%. Argentina se ubica en el sexto lugar por debajo de Brasil, Turquía y China, país contra el que se aplican el 33% de las medidas antidumping.”
El impacto económico
El golpe económico a Techint se profundizó con la comunicación A8178 del Banco Central, que trastocó la emisión de deuda de USD 700 millones por parte de Tecpetrol, su brazo petrolero. Esta medida, que afecta a las colocaciones de obligaciones negociables (ON), impone un estacionamiento de 90 días para arbitrar el diferencial de $20 por dólar en las operaciones entre el CCL y el MEP, elevando el costo de financiamiento para las empresas.
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