¿Es un tuit un delito? El caso Milei y la promoción de $LIBRA
El presidente Javier Milei generó sorpresa en el mundo de las criptomonedas al publicar un mensaje en su cuenta personal de X (ex-Twitter) mencionando la criptomoneda $LIBRA. Este tuit provocó un aumento inmediato en la cotización de la moneda, seguido de un fuerte descenso. La controversia aumentó cuando economistas y analistas alertaron sobre una posible estafa, destacando que el 80% de los tokens estaban concentrados en solo cinco billeteras y que el dominio del proyecto fue registrado el mismo día.
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Horas después, Milei eliminó el tuit y aclaró que desconocía los detalles del proyecto. Sin embargo, esto no impidió que sectores de la oposición pidieran su responsabilidad penal e incluso plantearan la posibilidad de un juicio político.
Más allá de la polémica política y mediática, surge una pregunta fundamental: ¿puede un simple mensaje en una red social constituir un delito penal? Para analizar este caso desde un enfoque jurídico, debemos considerar figuras del Código Penal Argentino como negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), fraude informático (art. 173, inc. 11) y abuso de autoridad (art. 248).
Libertad de expresión y democracia: el derecho del Presidente a opinar
Antes de abordar las posibles implicancias penales, es necesario establecer un principio clave: el Presidente de la Nación, sin importar su cargo, no pierde su derecho constitucional a opinar, expresarse y manifestar sus pensamientos. La libertad de expresión es un derecho inalienable y fundamental en una democracia. Pretender criminalizar una opinión simplemente por provenir del Jefe de Estado sería un error jurídico que iría en contra de los principios básicos de nuestra Constitución.
Bajo ninguna circunstancia los hechos descritos constituyen delito. La publicación de un tuit mencionando una criptomoneda puede ser objeto de críticas políticas por parte de la oposición, pero no configura una infracción penal. La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y el cargo presidencial no elimina esta prerrogativa.
¿Negociaciones incompatibles con la función pública?
El artículo 265 del Código Penal establece sanciones para los funcionarios públicos que se involucren en contratos u operaciones relacionadas con su cargo. Para que este delito se configure, sería necesario demostrar que el Presidente tenía un interés personal y patrimonial en la criptomoneda, ya sea como inversor, beneficiario o mediante terceros. No hay evidencia de que Milei haya obtenido algún beneficio económico ni que su publicación tuviera fines especulativos.
En el derecho penal, es esencial probar la existencia de dolo directo. Aunque el tuit impactó en la cotización de $LIBRA, no se ha demostrado que Milei haya intentado manipular el mercado en su beneficio personal. Por lo tanto, al no existir un interés patrimonial evidente, este tipo penal no se configura.
¿Estafa o fraude informático?
El artículo 173, inciso 11, del Código Penal tipifica la estafa a través de la manipulación informática, castigando a quienes alteren datos electrónicos para obtener un beneficio indebido y causar perjuicio económico. El elemento clave es la existencia de un ardid destinado a inducir a error a los inversores.
Aunque la publicación de Milei tuvo un impacto en el mercado cripto, su posterior eliminación y aclaración demuestran que no hubo intención de defraudar. En el mundo de las “memecoins”, las fluctuaciones de precios son frecuentes, y en este caso no hay pruebas de que el Presidente haya creado un esquema fraudulento con conocimiento previo del proyecto.
Para que exista estafa, deben cumplirse tres requisitos: engaño, perjuicio económico y beneficio ilícito. Sin pruebas de un plan fraudulento, no se puede configurar el delito.
¿Abuso de autoridad?
El artículo 248 del Código Penal sanciona a los funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la Constitución o las leyes nacionales. Sin embargo, un tuit publicado en una cuenta personal no es un acto administrativo, ya que no genera efectos jurídicos vinculantes ni implica el ejercicio de una función pública en sentido estricto.
Para que se configure abuso de autoridad, Milei debería haber utilizado su posición para imponer o ejecutar una acción ilegal. La publicación, aunque sujeta a cuestionamientos éticos o políticos, no entra dentro de esta figura penal.
Conclusión: el derecho a opinar no se pierde por ser Presidente
La controversia en torno al tuit de Milei refleja un intento de confundir la libre expresión con un acto ilícito. Sin embargo, en un Estado de Derecho, opinar no es delito. La función presidencial no elimina las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.
El Presidente, al igual que cualquier ciudadano, tiene el derecho fundamental de expresar sus ideas, mostrar apoyo a ciertos proyectos e incluso cometer errores sin que ello implique la comisión de un delito. Este derecho está protegido por la Constitución Nacional y es esencial para la democracia.
Pretender criminalizar la opinión de un mandatario sería restringir un derecho fundamental y establecer un peligroso precedente para la democracia. Bajo ninguna circunstancia puede considerarse que un tuit constituye una infracción penal.
El debate sobre los límites de la comunicación institucional y la responsabilidad del discurso presidencial es legítimo, pero debe desarrollarse en el ámbito político, no en los tribunales penales. La democracia se fortalece con más libertad, no con intentos de censura disfrazados de derecho penal.
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