El Gobierno impulsa una reforma migratoria con aranceles en salud y educación para extranjeros no residentes
El Gobierno nacional trabaja en una nueva ley migratoria y espera su aprobación en el Congreso antes de fin de año. El presidente Javier Milei incluyó esta iniciativa dentro de su paquete de reformas, enfatizando la necesidad de cambios en el sistema migratorio argentino durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias.
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Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
- Cobro de aranceles en salud y educación para extranjeros no residentes.
- Mayor celeridad en la deportación de inmigrantes involucrados en delitos.
- Más requisitos para la radicación en el país.
- Refuerzo en los controles fronterizos.
Reformas y control de la inmigración
Desde el Ministerio de Justicia, encargado de la redacción del proyecto, indicaron que la iniciativa avanza con rapidez tras un pedido directo al ministro Mariano Cúneo Libarona. Actualmente, la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004 y modificada en 2010, garantiza el acceso igualitario a los servicios públicos a los inmigrantes. Sin embargo, el nuevo proyecto busca restringir estos beneficios a extranjeros en situación transitoria o temporaria.
En su discurso en el Congreso, Milei señaló:
“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos.”
Este planteo se alinea con políticas ya implementadas en provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, donde se estableció el cobro de servicios de salud a extranjeros, principalmente en internaciones y tratamientos especializados. Según informes oficiales, en Salta esta medida permitió un ahorro de $60 millones en un solo hospital, equivalente al 50% del presupuesto total del hospital de Santa Victoria Este.
Además, provincias como Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba han anunciado que seguirán un esquema similar.
Educación universitaria y deportación de inmigrantes con antecedentes penales
Otro de los puntos en debate es la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a los extranjeros no residentes. Aunque este aspecto enfrenta resistencia en el Congreso, el oficialismo no descarta avanzar por decreto si el proyecto no logra respaldo legislativo.
Por otro lado, se endurecerán las condiciones para la deportación de inmigrantes con antecedentes penales. La administración de Milei analiza incorporar más delitos como causal de expulsión inmediata y prohibir el reingreso a quienes:
- Sean detenidos en flagrancia delictiva.
- Atenten contra el sistema democrático o las instituciones.
- Intenten ingresar con documentación fraudulenta o bajo motivos falsos.
En línea con esta política, el Gobierno reforzará la vigilancia en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, con el objetivo de reducir el narcotráfico y el contrabando. Se instalarán nuevos radares y controles operativos, con licitaciones ya en marcha para mejorar la eficiencia en los centros de control internacional.
La reforma migratoria propuesta sigue el modelo aplicado en otros países, como Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, donde se endurecieron los requisitos para la residencia y se agilizó la deportación de inmigrantes irregulares.
El debate sobre esta iniciativa ya genera controversia en el ámbito político, especialmente en lo referido al acceso a la educación y la salud. Mientras el oficialismo argumenta que la medida busca proteger los recursos de los contribuyentes argentinos, la oposición advierte sobre su impacto en el derecho a la educación pública y la atención médica universal.
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