El aborto legal podría tratarse antes de fin de año
A ocho sesiones del cierre del ciclo legislativo 2020 y bajo una fuerte presión transversal, la Casa Rosada no descarta enviar ahora el proyecto al Congreso.
Demorado por la pandemia, pero antes de que toque la campana que anuncie el inicio del año electoral, el Gobierno prepara el terreno para enviar al Congreso. El texto, que ya está redactado, podría entrar al Congreso en las próximas semanas. Si se aseguran los votos para su aprobación, podría ser tratado en ordinarias y si el conteo lleva un poco más, pasaría al período de sesiones extraordinarias.
En la Casa Rosada, aseguran que el presidente Alberto Fernández “es el más convencido” de mandar el proyecto al Congreso, tal como, en su discurso de apertura del 138° período de sesiones ordinarias y lo confirmó con este lunes, en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.
Quienes impulsan junto con el Presidente el proyecto de IVE en el Ejecutivo no quieren enviar el texto solo para cumplir con la promesa, sin la certeza de que se convertirá en ley. El rechazo, entienden en el Frente de Todos, no solo sería una derrota para el movimiento de mujeres, sino, también, un revés para el Gobierno, que hizo del proyecto casi una bandera de la mayoría del oficialismo.
La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que guarda el texto bajo siete llaves, es la encargada de diseñar la estrategia parlamentaria. La primera de las preocupaciones es el cuórum. El oficialismo no tiene el número para garantizar, por sí solo, el inicio del debate en la Cámara de Diputados y depende del acuerdo con otros bloques opositores. Ibarra también a
propósito de la efeméride del 28 de septiembre y se sumó al hashtag de las activistas feministas.
Aunque el apoyo al proyecto es transversal y hay un número importante de legisladores de Juntos por el Cambio dispuesto a votarlo, en la Casa Rosada temen que la política partidaria meta la cola en el debate y termine primando la voluntad de la oposición de asestarle un golpe al Gobierno.
En particular, cerca del Presidente analizan si Mauricio Macri y la plana mayor de Juntos por el Cambio, que rechazan el proyecto, buscarán instalar en los medios la idea de que el Gobierno quiere usar la ley para “dividir a la sociedad”. Aunque en el Congreso hay muchas referentes de ese sector político que militan la ley, en Balcarce 50 creen que los últimos movimientos de la oposición no dan garantías.
Sin embargo, desde algunas bancas opositoras que apoyan la interrupción legal del embarazo se asegura que los votos están y que sólo es necesario que el Ejecutivo ingrese el proyecto a alguna de las dos cámaras. Varias legisladoras verdes de la oposición aseguran que no hay ninguna posibilidad de que haya control de los bloques de manera uniforme, porque quienes vienen trabajando el tema acompañarían esa decisión. Sí esperan leer el proyecto del PEN para diseñar una estrategia legislativa conjunta.
ESCOLLOS. En el Gobierno aseguran que la irrupción del coronavirus es la principal explicación a la demora en el envío del proyecto, no solo porque el Ministerio de Salud está concentrado en la atención de la emergencia sanitaria, sino porque la falta de contacto cara a cara dificulta el cabildeo necesario para conseguir los votos. Esta vez, en comparación con el trabajo que se hizo en 2010 para la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la cuestión no será lograr alguna ausencia que posibilite la sanción, sino que se trata de contar apoyos.
A eso se suma la convicción de que la pandemia no detendrá a los grupos antiderechos, que saldrán a la calle con sus pañuelos celestes, mientras que quienes militan a favor de la legalización del aborto respetarán las medidas de distanciamiento social que impiden las movilizaciones masivas.
Resta saber, además, cómo sería la eventual modalidad de tratamiento en el recinto. Según acordaron el oficialismo y la oposición en la última reunión de labor parlamentaria, los temas más controversiales podrán tratarse de manera presencial y estarán exceptuados de concurrir a la sesión las diputadas y los diputados que pertenezcan a grupos de riesgo.
Mientras tanto, los contactos entre la Casa Rosada y el Congreso comienzan a aceitarse, con la certeza de que la oportunidad para dar el debate tiene como límite el comienzo del año electoral. En 2021, lamentan quienes trabajan en el proyecto, “no existe ninguna posibilidad” de buscar votos entre aquellos que todavía tienen dudas. Y el hoy lejano horizonte de 2022 tampoco parece halagüeño para este tema, porque la renovación de las bancas no garantiza mayoría verde en ninguna de las dos cámaras.
Para la diputada , secretaria parlamentaria del bloque radical, “es un tema que sigue siendo urgente y siempre hay temas de coyuntura que buscan desplazarlo. El Gobierno tiene que enviar el proyecto al Congreso y no bloquear el debate, dejar a diputados y diputadas que definan la estrategia parlamentaria”.
Austin, junto con Silvia Lospennato, Carla Carrizo, Karina Banfi, Mónica Macha, Romina del Plá, Carolina Moisés y Cecilia Moreau y las exlegisladoras Victoria Donda, Mayra Mendoza y Araceli Ferreyra y el actual diputado provincial Daniel Lipovetsky, formó parte del grupo Las Sororas, que diseñó la estrategia transversal que en 2018 logró la aprobación de la iniciativa en la Cámara baja. opina en el mismo sentido.
“El proyecto tiene que entrar ya, porque hay
muy poco tiempo y tenemos que lograr que el proceso legislativo siga la senda del ejemplo de 2018; es una oportunidad para que la Cámara de Diputados reedite la mejor versión de sí misma”, señaló.
El Gobierno evalúa a toda velocidad cómo salir de esta encerrona antes de que termine 2020 mientras la sociedad civil presiona para que en este tema no primen las disputas partidarias sino el cuidado de la salud de las mujeres. El domingo 27, se publicó en Perfil y en Tiempo Argentino firmada por 500 referentes (hoy, ya son más de 4.000 firmas) que incluyen desde Lali
Espósito, Carlos “Indio” Solari, Dalma Maradona y Pedro Cahn hasta Claudia Piñeiro, Beatriz Sarlo, Luis Novaresio y Hugo Sigman, en la que se insta al Gobierno y a la oposición a acordar para el tratamiento y la aprobación del aborto legal ().
Tanto entre legisladores y legisladoras de la oposición como en el Ejecutivo admitieron que la carta surtió efecto y sirvió, junto con las acciones nacionales de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, para volver a poner el tema en agenda pública. Mientras tanto, en un año, en la Argentina, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos y el 16% tenía entre 10 y 19 años.
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