“Poder y querer abortar”: las obligaciones de la medicina prepaga y de las obras sociales

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.610, el Estado argentino asumió el compromiso de garantizar el acceso libre y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo a todas las personas gestantes que habiten este suelo, hasta la semana 14 de gestación inclusive. Así, libre y gratuito, tal como lo cantamos en infinitas marchas.

“La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto” dice el artículo 1. Además, en el artículo 16 se explicita que la práctica formará parte del Plan Médico Obligatorio, lo que obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a incluirlo dentro de sus prestaciones. Por eso el aborto podrá ser en el hospital y también en clínicas, consultorios privados, sanatorios y en nuestras propias casas. En cualquier lugar, tal como exigimos en los cánticos renovados de los últimos años.

Entre el debate de 2018 y los datos aportados en 2020, ya no quedan dudas sobre la conveniencia de la ley para el sistema público de salud. No sólo se salvan vidas al evitar complicaciones por abortos mal practicados, sino que también se liberan camas para otres pacientes al evitar internaciones.

Según declararon desde el Poder Ejecutivo, el sistema público ya está abastecido con los insumos necesarios para todo lo que queda del año ¿Y el resto de los prestadores?¿Cómo se va a garantizar la práctica en aquellas provincias donde abundan los objetores?¿Cómo podrán acceder a los medicamentos quienes decidan abortar sin pasar por el sistema de salud?

En buena parte del país no era fácil acceder a las interrupciones legales que ya existían (ILEs) y sabemos que tampoco será sencillo hacer cumplir la ley. El desafío por delante es grande, pero sin dudas el camino recorrido es auspicioso.

Miso para todes: aborto con pastillas

Gracias a la militancia, a la investigación, a les profesionales comprometides, hace tiempo ya que sabemos que la forma más segura y también más económica para abortar es el aborto farmacológico, con pastillas. Sólo en los casos en los que se excedan las 12 semanas o si hubiese alguna patología particular, se recomienda otro tipo de intervención como el AMEU (aspiración manual endouterina).

Desde la promulgación de la ley, bastará sólo con comunicar la decisión para que le profesional que nos atienda tenga la obligación de brindar información y garantizar la práctica. Incluso en el caso de objetores de conciencia porque tendrán que derivar sin dilaciones.

Quiero abortar y puedo. Y también lo deseo. Nos cansamos de escuchar eso de que “nadie quiere abortar”. Y es un error. En todo caso lo que no queremos es quedar embarazades involuntariamente pero no hay nada que deseemos más que abortar cuando eso ocurre. Y las razones ya no importan. Si falló el método, si fue un descuido, si nos arrepentimos. Ninguna de esas son circunstancias ocasionales.

Según el ministro de Salud Ginés González García, ya se compraron insumos para que, durante este año, a nadie le falten medicamentos, test ni anticonceptivos. También explicitó que en la última licitación el Estado compró cajas de Misoprostol por $ 2.800, menos de la mitad de lo que cuesta en farmacias ($ 6.200). También contó que el Fondo de Población de Naciones Unidas ofreció una partida grande a $ 400. Además, está en evaluación la provisión para todo el país a través del laboratorio de Santa Fe, que hoy sólo tiene permiso para abastecer a la provincia.

Si bien en el sistema público se debería poder conseguir, para quienes decidan comprarlo por su cuenta habrá que garantizar que las farmacias lo tengan y que las obras sociales y prepagas lo faciliten, con los descuentos correspondientes. Al día de hoy, a veces cuesta conseguirlo.

Las farmacias son negocios que funcionan por demanda. El Estado no regula su stock de medicamentos. Es probable entonces que, si aumentan los pedidos de misoprostol, sean más las que lo soliciten a sus distribuidores y lo ofrezcan al público.

“A veces es un recorrido laberíntico para quienes quieren comprar misoprostol. Y se les da información errónea. También hay mucha venta trucha por internet” cuenta Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de la Colectiva Feminista La Revuelta (Neuquén-Patagonia Argentina), Socorristas en Red y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Otro desafío en el corto plazo es lograr que se apruebe en nuestro país el uso de mifepristona. “La combinación de misoprostol con mifepristona eleva la calidad de la intervención, acorta la cantidad de horas y además hace que sea una práctica más amable para el cuerpo. Y el sistema de salud gana porque el porcentaje de efectividad es más alto cuando se combinan. El misoprostol tiene una efectividad de entre 89 y 92 % ,y combinados, un 98 %”, apunta Ruth. En la plataforma Misobservatorio se puede encontrar una guía muy completa sobre todos los avances al respecto y también un monitoreo de precios.

Información para decidir

Sobre todo en 2018, buena parte de les legisladores recurrieron a información falsa para sembrar el pánico. “Esto va a hacer colapsar el sistema sanitario”, “no hay recursos para garantizarlo”, decían. Incluso quisieron que el proyecto fuera tratado por la Comisión de Presupuesto, presidida en aquel momento por el ultracatólico Esteban Bullrich. En una de las últimas exposiciones, el ministro de Salud de aquel entonces, Adolfo Rubinstein, fue el primero que, desde una voz oficial, confirmó lo que distintos informes ya adelantaban: los costos del aborto clandestino son ampliamente mayores.

Durante la pandemia, se calcula que alrededor de 100 camas estuvieron ocupadas por internaciones evitables, producto de abortos mal practicados. La información falsa tenía a su favor la clandestinidad. Ahora que tenemos ley y que, de a poco, accederemos a estadísticas más precisas, quizás podamos exigir a quienes aportaron datos falsos que revisen sus discursos. Y que, como buenos creyentes, pidan disculpas.

Para contrarrestar la desinformación, en estos días se difundió mucho el 0 800 222 3444. Se trata de la línea 0 800 Salud Sexual que funciona hace más de diez años pero cuya demanda aumentó exponencialmente desde el debate de 2018. Hoy se convirtió en una herramienta fundamental para conectar a quienes demandan la práctica y les referentes de cada región que trabajan para hacer cumplir la ley.

Desafíos del nuevo presente

“Esta ley es la frutilla del postre” dice Analía Messina, medica tocoginecóloga, consultora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y jefa de servicio de Obstetricia del Hospital Álvarez. “Venimos andando un camino que incluye, por ejemplo, la ley de parto humanizado, la ley de identidad de género, la ley contra las violencias. Hoy tenemos que fortalecer a los equipos que dan respuesta y que cumplen con las leyes que hemos conquistado. De ese modo tenemos que garantizar que cualquier subsector brinde servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Hasta hoy, quien siempre dio más respuestas fue el sistema público”.

Hay obras sociales provinciales con las que se trabaja bien, cuenta Analía y cita el caso de la provincia de Mendoza, Santa Fe y algunas partes de la Provincia de Buenos Aires, pero hay otras que aún no tienen ninguna experiencia. En la Ciudad de Buenos Aires, durante el 2020, más de la mitad de las mujeres y personas gestantes que recibieron atención por ILEs tenían otras coberturas. A nivel país, quienes sólo tienen acceso al sistema público son aún una minoría: el 36 %.

“El Ministerio de Salud de la Nación tiene enormes responsabilidades y enorme trabajo en hacer cumplir la ley. Si porque tuve partos anteriores me atiendo con una ginecóloga amorosa y que me cuida pero si voy por un aborto no me atiende, en realidad lo que sucede es una estigmatización de la práctica. Para todo puedo atenderme con ella, pero para esto no porque en la clínica en la que atiende no se garantizaron los mecanismos. Nuestro trabajo va a estar orientado a todo lo que podamos aportar al sistema público de salud. Por el aprendizaje acerca de la escucha, el cuidado, etcétera. Lo pondremos a disposición como también nuestra capacidad de exigencia”, dice Ruth.

De alguna manera, la implementación de la IVE pondrá al descubierto las fortalezas y debilidades del sistema tripartito de salud. En una de sus últimas intervenciones, la Vicepresidenta Cristina Fernández sugirió que había que debatir la distribución injusta de los recursos. Todo indica que el acceso a la IVE pondrá de manifiesto muchas de las falencias del sistema actual. Por eso será una nueva oportunidad para cuestionar un tema de fondo, de ésos que nos gustan abordar desde los feminismos: ¿hasta cuándo podremos tolerar que la salud sea un negocio? Es una pregunta urgente, sobre todo en tiempos de pandemia.

También podremos mostrar, ya sin miedo a ser criminalizadas, la desigualdad en el acceso a la salud integral en las distintas provincias de nuestro país e incluso entre regiones.

Aunque la palabra “salud integral” se haya vetado y no figure en la ley, sabemos que la polisemia del aborto es infinita y que haber dejado atrás la clandestinidad nos abre un mundo de posibilidades. 

Fuente: Página 12

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