Los otros números rojos de la cuarentena: en un año hubo 279 femicidios
Además se registraron ocho transfemicidios. Buenos Aires fue la provincia con la cifra más alta de violencia machista.
A un año del inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por coronavirus, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, brindó un informe con el número total de asesinatos que se registraron desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad, un período de tiempo en el que el país se vio marcado por las restricciones de circulación ante el avance del coronavirus.
Fueron 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados a varones adultos y niños en 365 días, con una edad promedio de entre 30 y 50 años. El estudio señala que la mayoría de los casos de violencia machista fueron cometidos por sus parejas, continuando por exparejas y conocidos.
El análisis además indica que una gran parte de los asesinatos se registró en las viviendas de las víctimas, así como también en la vía pública y la casa de sus atacantes. Los datos confirman que la violencia de género se incrementó en los últimos doce meses, por lo que desde La Casa del Encuentro elevaron un reclamo con diferentes pedidos que no pueden esperar, según exclaman.
Uno de ellos establece la entrega de alimentos o subsidios económicos para la mujer y sus hijas e hijos en las situaciones de alto riesgo, y cuando la Justicia haya dictado la exclusión del hogar del agresor.
También requieren la publicación de informes con la totalidad de llamadas recibidas por la Línea 144 respecto de cada provincia y CABA, como así también la presentación de las políticas públicas conforme a los datos obtenidos. Y que se hagan públicos los datos de la Ley Brisa (Régimen de Reparación económica para las niñas, niños y adolescentes).
Otro de los pedidos hace énfasis en que en todas las provincias de la Argentina el Poder Judicial prorrogue automáticamente las medidas cautelares de protección para acompañar a las mujeres y trans en situación de violencia. Y además, que los Juzgados habiliten teléfono, WhatsApp o página web para que las mujeres puedan realizar las denuncias y las consultas en el caso de que la Justicia hubiera dictado una medida cautelar al agresor.
En el caso de que la víctima deba irse con sus hijas e hijos de la vivienda que comparte con el agresor, solicitan que se le otorgue -por el término de 180 días- el equivalente a una jubilación mínima.
“Insistimos en exigir el compromiso del parte del Estado en garantizar el acceso a la justicia, que no culmina con la mera radicación de la denuncia, y garantizar que el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencias de Género funcione en todo el país ya que tanto el litigio estratégico -que permitió el avance en la jurisprudencia con el reconocimiento del travesticidio y transfemicidio-, como el patrocinio jurídico gratuito son ejes fundamentales en la lucha por los derechos de las mujeres y la sensibilización del Poder Judicial en materia de género”, agregan en el comunicado difundido.
También requieren la evaluación de los resultados prácticos de la Ley Micaela (recepción de denuncias, procesos judiciales en los que se evite la revictimización y sentencias con perspectiva de género, además de la publicación de los nombres de las funcionarias/os públicos que la realizaron, tal como lo indica la ley).
“Es imprescindible desterrar el mito de que debe esperarse 24 horas para realizar la denuncia de desaparición. Por el contrario, es primordial contar con una denuncia para que cuanto antes comience la búsqueda. Cada minuto cuenta. Ante la negativa de una comisaría a tomar este tipo de denuncias, contactarse con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) al (54-11) 5278-9800 internos 5558 y 5507″, explican.
Otro de los pedidos hace hincapié en que el Poder Judicial restablezca su servicio y otorgue prioridad a las denuncias por violencia: “Luego de tantos meses, y solo con la renovación automática de las medidas, las causas deben avanzar para que las mujeres no se encuentren, además, sumergidas en una situación de violencia institucional”.
-Aplicación urgente del programa “Acompañar” anunciado en septiembre de 2020 por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que garantiza durante 6 meses consecutivos el apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil a las mujeres y a personas trans que se encuentren en situación de violencia por motivos de género. No se puede demorar más la firma de los convenios en todas las provincias y los municipios de nuestro país a fin de lograr la efectivización del mismo
Por último, La Casa del Encuentro y su Observatorio sostiene la urgente necesidad de que el Estado incremente y priorice las medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones.
TN
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