La jueza Servini ordenó la captura internacional de “Pepín” Rodríguez Simón, ex asesor judicial de Macri

La jueza federal María Servini ordenó hoy la captura nacional e internacional de Fabián Rodríguez Simón, el ex asesor judicial del ex presidente Mauricio Macri, acusado de haber formado parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Servini dispuso, además, la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos en el país.

El abogado anunció en las últimas horas que pidió asilo político a Uruguay por considerarse un “perseguido” y por temor por su seguridad y por ser encarcelado.

Rodríguez Simón “se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el día 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de dicha circunstancia al Juzgado, como sí lo había hecho anteriormente”, explicó la jueza.

Servini libró exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que “de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.

La jueza descartó que existan razones para que “Pepín” se considere un perseguido por razones políticas.

“Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines”.

Rodríguez Simón, a través de su abogado, Gustavo de Urquieta, había anunciado que el 15 de mayo estaría de regreso en la Argentina, puesto que el 17 de junio debía prestar declaración indagatoria en la causa en la que está imputado.

“Ello quedó abstracto frente a su exclusiva y ratificada decisión y voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia”, refutó Servini.

El ex asesor de Macri está acusado de una maniobra de “hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo”, que “habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)”.

“Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos” Añade la descripción de la jueza.

 

Servini advirtió que Rodríguez Simón cuenta con medios y relaciones para eludir la acción judicial, entre ellas que “pudo viajar a la República Oriental del Uruguay, incluso con las restricciones que tenía establecidas el vecino país, lo que demostraba el arraigo que tenía fuera del territorio nacional”.

Ello configura “un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tenía en los diferentes estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente”.

Quién es “Pepín”

Rodríguez Simón fue director de YPF durante el gobierno de Cambiemos y diputado del Parlasur, abogado asesor de Mauricio Macri, también del grupo Clarín, y sobre todas las cosas fue uno de los principales arquitectos de la estrategia judicial del macrismo enfocada en alentar y armar causas judiciales contra opositores políticos, y denostar a los jueces y juezas que no se sumaran a esa avanzada. Fue el impulsor de la designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, aunque luego pasaron por el Senado. Mucho antes, en 2008, un dato algo olvidado pero no menos relevante, lo sitúa como titular de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), un organismo que utilizó Macri cuando era jefe de gobierno porteño para apalear a personas en situación de calle.

El operador macrista estaba citado para el 26 de mayo a indagatoria por zoom, y consiguió que la jueza postergara la convocatoria para el 17 de junio. La jueza le había impuesto una prohibición de salir del país, a pedido de la querella de Fabián de Sousa, pero ya estaba un Uruguay –donde se fue en diciembre último– y alegó que no tenía forma de volver aunque con anterioridad había presentado un pasaje de Buquebus con fecha de regreso para el 15 de mayo pasado. La prohibición en cuestión está apelada en la Cámara Federal, pero mientras tanto rige y el exasesor estaría en infracción.

Su anuncio de pedido de asilo es la confirmación de que no tiene ninguna intención de estar a disposición de la justicia, pese a que la indagatoria es el acto donde puede defenderse. Por eso la jueza analizaba si esperaría hasta la fecha de su interrogatorio o tomaría una determinación antes, y todo hacía suponer que en las próximas horas podría firmar alguna decisión. Habrá que ver si lo declara rebelde y lo considera prófugo, y pide su detención para ser extraditado. Hasta última hora del martes no había llegado notificación oficial de su pedido de asilo en Uruguay. 

En la carta que difundió, “Pepín” –como lo apodan– dice que tiene “fundados temores de que” si volviera a la Argentina sería “privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal en el marco de causas judiciales amañadas”. En el texto se muestra como un simple exasesor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunciado por reclamar impuestos a los concesionarios del juego. En el canal LN + dijo que su petición a Uruguay “tiene un efecto de protección pero es un castigo”. “Tengo 62 años, toda mi vida quedó en Buenos Aires, más allá de la hospitalidad de los uruguayos (…) y estoy acá condenado por las irregularidades –agregó en una suerte de lapsus– y el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina…”

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