Caso de los cuadernos: Directivos de Techint quedaron sobreseídos por un olvido del Gobierno, que ahora busca culpables internos

La Unidad de Información Financiera decidió sumariar a los abogados del organismo que no apelaron el sobreseimiento de los directivos de Techint en la causa de los cuadernos, revelaron fuentes judiciales. Es que el descuido de la UIF, en su rol de querellante, y la ausencia de la apelación de la fiscalía parece haber dejado sellada la suerte del CEO de Techint Paolo Rocca; el director de la compañía Luis Betnaza, y el supuesto encargado de entregar el dinero a funcionarios kirchneristas Héctor Zabaleta –quien reconoció esos pagos como “arrepentido”-.

Fuentes del organismo que conduce Carlos Cruz confirmaron el sumario abierto para los abogados que no apelaron a tiempo el fallo del juez Julián Ercolini del 10 de agosto pasado, cuando por un lado se procesó al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta por dádivas, pero se sobreseyó a los directivos de Techint por entender que los pagos que admitieron estaba justificados en razones humanitarias.

La UIF ya había echado al director de Litigios Penales, Claudio Castelli, jefe directo de los abogados que llevan adelante las causas judiciales. La interna había sido revelada en junio pasado, cuando se filtraron una serie de audios que dejaron expuesta una suerte de “guerra” dentro del organismo. Fuentes judiciales indicaron ahora que la postura del organismo en la UIF no habría sido ajena de este conflicto, versión que se conoció en medio de la crisis del Gobierno que quedó expuesta la semana pasada tras la derrota en la PASO.

La UIF no dio explicaciones públicas sobre lo que sucedió. Sin embargo, trascendió que las autoridades se enteraron que el sobreseimiento de Techint había quedado firme cuando una agencia internacional publicó el comunicado que difundió la empresa celebrando la noticia.

Ahora, fuentes del organismo admitieron que se abrió una investigación interna para buscar responsabilidades por esa inacción penal en la causa de los cuadernos. Hay mientras tanto un planteo para intentar que se declare “cosa juzgada írrita” la decisión que dejó a salvo del caso a los empresarios de Techint. “Nos encontramos ante un caso que constituye un ‘atentado contra el sistema democrático’”, sostiene la presentación

El caso

Todo surge como consecuencia de la decisión que tomó el 10 de agosto pasado el juez federal Julián Ercolini, en marco de un pequeño tramo de la causa de la causa de los cuadernos que aún continúa en instrucción. El grueso de la causa se encuentra ante e Tribunal Oral Federal 7. Allí la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de haber encabezado una asociación ilícita junto a un grupo de funcionarios liderados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido que recaudaba dinero entre empresarios que tenían negocios con el Gobierno.

Las pruebas surgieron de los cuadernos que escribía el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno; y cuyas copias fueron entregadas por un periodista al fiscal Carlos Stornelli. Centeno se convirtió en “imputado-colaborador” y vive hoy bajo el programa de Protección a Testigos. La causa de los cuadernos –al kirchnerismo le gusta decirle “de las fotocopias”- provocó un terremoto a mitad de 2018, con la detención de empresarios y funcionarios, muchos de los cuadernos.

Si bien la mayoría de los empresarios fueron enviados a juicio acusados de cohecho (haber pagado coimas), la suerte de Techint fue distinta. Primero porque Paolo Rocca había sido inicialmente procesado por el fallecido juez Claudio Bonadio, pero la Cámara Federal entendió que, tal como decía el empresario, él podía no saber el manejo del dinero que hacían sus subordinados. Sí quedaron procesados Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes aseguraron que desde el entonces Ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela. Segundo porque al momento de pedir la elevación a juicio, el fiscal Stornelli entendió que aún quedaban cuestiones por investigar en instrucción y no los incluyó en la elevación a juicio.

En agosto pasado, tras un planteo de la defensa, el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Bonadio, dictó los sobreseimientos de los hombres de Techint, incluso de Zabaleta que había declarado como imputado-colaborador reconociendo un delito. Al mismo tiempo, el juez procesó a Baratta por dádivas, es decir, recibir el dinero de Techint. No hubo más ex funcionarios procesados en el capitulo Techint. “La ausencia de responsabilidad en los sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero -la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario público implicado, resulte ser una conducta que se subsume directamente bajo el tipo penal analizado”, dijo Ercolini.

El 9 de setiembre, sobre el cierre de la campaña electoral de las PASO, el presidente Alberto Fernández criticó al juez Ercolini por su fallo. Pero esa decisión tenía una plazo para ser apelada. La fiscalía no lo hizo. Y la UIF, en su rol de querellante, tampoco.

Más tarde, sin embargo, la querella intentó “subirse” a la apelación que hizo la defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, por su propio procesamiento. Sin embargo, las chances de ser aceptado eran casi nulas, según lo habían advertido el 27 de agosto tres abogados penalistas que integran la causa. Es que el procesamiento de Baratta no causaba ningún agravio a la UIF, como sí -en todo caso- podía hacerlo el cierre de la investigación hacia Techint.

La Cámara Federal les rechazó la apelación por improcedente. Y el viernes pasado también denegó en duros términos la pretensión de la UIF para que se abriera el recurso que les permitiera llegar a la Cámara Federal de Casación Penal. “No se desconoce que el temperamento que subyace detrás de las resoluciones implicadas, supone cerrar de modo definitivo el proceso en relación a algunos de los imputados en autos. Sin embargo, el camino que han definido las actuaciones impide observar tal extremo frente al modo en que se condujeran las partes involucradas. Como bien destacó el Superior, los interesados no pueden acudir a la Cámara Federal de Casación Penal para subsanar el déficit en su actuación, demostrado al tiempo de no ajustarse a los parámetros normativos que regulan cada instancia procesal”, dijeron los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia el viernes pasado en una resolución a la que accedió este medio.

“En este caso, su presentación tardía (de la UIF) para cuestionar la decisión -una vez rechazado el recurso al que pretendía adherir, entre otras cuestiones-, involucra una postura que no puede revertir acudiendo ahora a la vía pretendida”, se añadió. Por estas horas, la UIF intenta llegar por vía de la queja ante los miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

“Cosa juzgada írrita”

Pero mientras la UIF intenta ir sobre sus propios pasos, el reconocido abogado Alberto Binder, como presidente del Comité Directivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), se presentó en la causa para pedir que se declare la “cosa juzgada írrita” a raíz de esta resolución. La “cosa juzgada írrita” es una figura incómoda para el mundo de los tribunales que se aplica cuando se demuestra que en un juicio no se han respectado las reglas del debido proceso o cuando los jueces o obraron con independencia e imparcialidad.

En su presentación Binder sostuvo que los sobreseimientos dictados por Ercolini quedaron “firmes SOLO como resultado directo de la inactividad ilícita respecto de la persecución de los delitos por parte del Fiscal a cargo de la causa y la parte querellante en cabeza de la Unidad de Información Financiera, situación que configura un caso de cosa juzgada irrita, conforme la doctrina y jurisprudencia vigente en la materia”.

Binder afirmó que el Ministerio Público “dejó correr el plazo” de apelación y “llamativamente ese fue el mismo criterio sostenido por el titular de la Unidad de Información Financiera, quién omitió presentar el recurso de apelación respecto del decisorio liberatorio de los empresarios mencionados, sin perjuicio de que luego pretendió impropiamente adherir al recurso que, lógicamente presentó la defensa del imputado Baratta en contra del procesamiento, en ejercicio de sus derechos”.

Puntalmente, el penalista solicitó que se reestablezcan los plazos procesales para poder formular adecuadamente la apelación al fallo de Ercolini. “El pedido que hacemos frente al Tribunal no es más que una medida reparatoria que permitiría subsanar la nulidad de la inactividad acusatoria -señaló-. Sin duda la corrupción y sus relaciones con prácticas empresariales instituidas desde hace décadas en el país, han causado daños de magnitud social e institucional inconmensurable. A la luz de lo anterior, tenemos que la presente causa involucra cuestiones de trascendencia social e institucional que superan ampliamente el interés de las partes involucradas”, agregó.

En ese sentido, Binder afirmó que “la resolución dictada por el juez de instrucción el 10 de agosto, sumado a la renuncia recursiva que evidenció el fiscal y la parte querellante, dejando en total desamparo la defensa de los intereses generales que atañen al derecho de la ciudadanía de contar con un buen sistema de administración de justicia y a ver realizada aquella misma idea en la manera en que se resuelven los casos más graves de criminalidad, que son aquellos que involucran a actores poderosos”. “No hay duda de que, en tren de comparar, el poder de influencia que el holding Techint tiene sobre el aparato estatal supera con creces al que pueda tener cualquier funcionario público de línea. Se trata, nada menos, que una de las principales empresas del país (…) De modo que se trata de un actor de peso relevante, que se encuentra acusado por su participación en delitos de corrupción de funcionario público, sin que de ello pueda descartarse la posible participación en otros delitos vinculados con el manejo empresario del Holding”, se añadió.

El escrito fue presentado ante la Cámara Federal. Los jueces Bruglia y Bertuzzi derivaron la presentación a Ercolini para que se pronuncie al respecto.

Dos ONG pidieron reabrir la investigación contra directivos de Techint por el caso de los cuadernos

El abogado penalista Alberto Binder, como presidente de dos ONG especializadas en temas judiciales, presentó un planteo contra el cierre de la investigación sobre Paolo Rocca, CEO de Techint, y otros directivos de la compañía en la causa de los cuadernos de las coimas y cuestionó que ni el fiscal Carlos Stornelli ni la Unidad de Información Financiera (UIF) hubieran apelado a tiempo esos sobreseimientos, que quedaron firmes.

Según Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el cierre de la investigación fue “fraudulento” y debe anularse porque es un “caso de cosa juzgada írrita”.

El abogado penalista Alberto Binder, como presidente de dos ONG especializadas en temas judiciales, presentó un planteo contra el cierre de la investigación sobre Paolo Rocca, CEO de Techint, y otros directivos de la compañía en la causa de los cuadernos de las coimas y cuestionó que ni el fiscal Carlos Stornelli ni la Unidad de Información Financiera (UIF) hubieran apelado a tiempo esos sobreseimientos, que quedaron firmes.

Según Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el cierre de la investigación fue “fraudulento” y debe anularse porque es un “caso de cosa juzgada írrita”.UNA JUGADA FINAL DE LORENZETTI INTENTÓ FRENAR LA ELECCIÓN DE ROSATTI.

El mes pasado, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Rocca, CEO de Techint, y a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, ejecutivos de la empresa, por considerar que los pagos que habían realizado durante el año 2008 a exfuncionarios del Ministerio de Planificación fueron en un estado de necesidad, para proteger la integridad física y materializar la salida del país de los dependientes del Grupo Techint que cumplían funciones en la planta de Sidor que estaba en Venezuela en tiempos de gobierno de Hugo Chávez. Techint siempre sostuvo que actuó bajo presión y que el hecho bajo investigación no significó beneficio económico alguno para la empresa ni para los involucrados.

En el mismo fallo, Ercolini procesó a Roberto Baratta, el exsecretario de Coordinación y Control de la cartera que conducía Julio De Vido, acusado de haber recibido un poco menos de un millón de dólares en dádivas pagadas para favorecer la evacuación del personal de la planta Sidor, de la firma Techint, de Venezuela.

La decisión de Ercolini no fue apelada por el fiscal del caso, Stornelli, y la Unidad de Información Financiera (UIF) apeló una vez que ya habían vencido los plazos para hacerlo. Esta dilación en los tiempos de apelación motivó que los abogados querellantes de la UIF fueran despedidos del organismo que preside Carlos Cruz. Baratta apeló su procesamiento, pero los sobreseimientos de Rocca, Zabaleta y Betnaza quedaron firmes porque no hubo recursos de apelación presentados en tiempo y forma.

Binder planteó que la Cámara puede revocar esos sobreseimientos por “cosa juzgada írrita” y, de ese modo, “subsanar la nulidad de la inactividad acusatoria”. Para Cipce, que participó en otras investigaciones importantes de corrupción -como Siemens, IBM-Banco Nación o Skanska-, lo ocurrido en la causa “Cuadernos” en relación con Techint muestra la influencia que tienen “actores poderosos” sobre el “aparato estatal”.

“La renuncia al deber legal de continuar la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal configura un incumplimiento de sus funciones”, planteó Cipce en su presentación, “y resulta contradictoria con las actuaciones previas de dicho órgano, por medio de la cual se instaba la elevación a juicio”.

Binder es especialista en derecho procesal penal y fue uno de los juristas que expuso el año pasado ante la Comisión de Justicia del Senado para dar su opinión sobre la reforma en el Ministerio Público Fiscal. En aquel momento su opinión contrarió al Gobierno: consideró que la mayoría de dos tercios para designar al Procurador General de la Nación no debía ser modificada. Meses después, en Diputados, ante otras comisiones, avaló la reforma. También fue uno de los convocados el año pasado, por Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para integrar el Consejo Consultivo que propusiera una reforma a la ley de inteligencia.

Binder planteó en su escrito que “la adquisición de firmeza procesal de aquella resolución [que dispuso los sobreseimientos] por su gravedad institucional debe reputarse como meramente aparente y por tanto, huérfana de toda validez susceptible de dotarla de fuerza jurisdiccional” y que “se trata de un evidente caso de cosa juzgada írrita por efecto del carácter fraudulento que la misma ha adquirido luego de la llamativa y coincidente renuncia al deber legal de apelar los actos favorables a liberación de una persona imputada en casos de corrupción”.

Para Binder, la actuación del fiscal Stornelli y de la UIF, que condujeron a que quedara firme el fallo de Ercolini, configuran un caso de cosa juzgada irrita, doctrina que permite reabrir causas penales cuando su cierre fue producto de maniobras fraudulentas. “La petición solicitada se circunscribe al restablecimiento de plazos procesales, es decir que busca reenviar el resolutorio mencionado a su estado inmediato anterior al que posee actualmente como consecuencia del abandono del fiscal en su rol acusatorio”, explicó en su planteo ante la Cámara Federal.

Una argumentación “muy extraña”

La posición de Binder en esta causa fue cuestionada por Máximo Fonrouge, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. “Parece muy extraño que una asociación privada que no tiene ninguna legitimación para intervenir en un expediente y donde actuó un fiscal que decidió que no había delito sea quien pida esto. El fiscal tiene que apelar cuando entiende que hay una investigación que debe continuar, pero no cuando concluye que no había delito para investigar. Por otra parte, este caso puntual había sido separado de la causa de los cuadernos y no se había requerido la elevación a juicio. En todo caso deberían preguntarle por qué no apeló a la UIF o a la OA que desistió de ser querellante en todos los demás procesos. Además, para invocar la cosa juzgada írrita tuvo que haber un hecho que esto indique y eso no se trata de no a haber apelado. Ese solo elemento no constituye un argumento válido”. Infobae / La Nación

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