Solicitaron juicio oral para el dueño de una farmacia acusado de presentar recetas del PAMI con troqueles apócrifos

Los titulares de la Fiscalía Federal de San Nicolás y de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado (UFI-PAMI), Matías Felipe Di Lello y Javier Matías Arzubi Calvo solicitaron la elevación a juicio oral de un propietario de una farmacia de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos por el delito de “defraudación contra la administración pública en grado de tentativa”.

El caso se inició a raíz de la denuncia efectuada por el titular de la UFI-PAMI el 29 de mayo de 2018 ante la Fiscalía Federal de San Nicolás. En la presentación se señaló que, en el marco del sistema de provisión de medicamentos que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado cuenta para sus afiliados, se habían detectado durante 2017 la presentación de trece recetas para su liquidación y pago por parte de la obra social. Esas recetas contenían adheridos un total de 16 troqueles de medicamentos presuntamente apócrifos, cuestión que se detectó en el contexto de tareas de contralor que realiza la firma “Farmalink”.

En el marco de la causa penal que se inició en junio de 2018 y luego de que la investigación fuera delegada en la Fiscalía Federal de San Nicolás, se llevó a cabo el allanamiento del establecimiento farmacéutico. Allí se secuestraron cinco cajas del insumo en cuestión, además de tiras reactivas correspondientes a un importante laboratorio multinacional que se encontraban dispuestas para la venta. En los exámenes practicados se pudo determinar que los envases secundarios resultaban apócrifos.

La falsedad de los troqueles denunciada por la UFI-PAMI fue confirmada en el marco del expediente a través de un examen solicitado a la ANMAT que consistió en una comparación de las muestras cuestionadas con las contra-muestras indubitables en poder de los laboratorios elaboradores o importadores de los productos.

De acuerdo a la investigación, el cálculo realizado del monto involucrado en la maniobra de fraude en perjuicio de la obra social nacional ascendería a 10.666,33 de pesos al momento del suceso, suma que no fue abonada por haberse advertido la irregularidad previa al pago, por lo que la calificación legal del hecho quedó en grado de tentativa.

Respecto de los elementos secuestrados en el allanamiento, el MPF calificó el hecho de acuerdo a lo previsto en el apartado 1, inciso c del artículo 277 que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión para aquella persona que adquiera, reciba u oculte dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

Finalmente, los fiscales señalaron en su presentación que tanto eses hecho como el fraude concurren idealmente con el delito de falsificación o imitación de una marca, como la utilización de aquella, establecida en el artículo 31 de la ley 22.362 de marcas y designaciones.

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