Amnistía exige el fin de la criminalización a una médica que garantizó un aborto

Amnistía Internacional documentó la relevancia que tiene el trabajo que cada día realiza la profesional de la salud en su comunidad, así como el impacto negativo de su criminalización en el acceso a la interrupción del embarazo en la provincia, por lo que exigió la adopción de medidas para eliminar las barreras que persisten en el acceso a la práctica.

Durante mayo, la organización visitó y entrevistó a Miranda Ruiz, sus colegas y autoridades del hospital Juan Domingo Perón, quienes dieron cuenta de su excelencia y compromiso como profesional. También se relevaron testimonios de más de diez profesionales de la salud del sector público y privado, así como de referentes locales del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y de la organización “Socorro Rosa Salta”, quienes identificaron las barreras que persisten en la efectiva implementación de la Ley 27.610 en Salta. 

“El aborto es ley en Argentina, sin embargo, los obstáculos en su acceso persisten. Muestra de ello es la persecución injustificada a una a médica como Miranda, que hizo su trabajo y aun así enfrenta una causa penal. Profesionales que día a día ponen su experiencia y saber para cumplir con su deber y garantizar un derecho que tanto le costó al movimiento de mujeres merecen el respaldo incondicional del Estado. No hacerlo compromete el ejercicio de los derechos humanos y la responsabilidad de la Argentina frente a la comunidad internacional. La causa en su contra traiciona el compromiso de la justicia con los derechos de las mujeres y emite además un peligroso mensaje para el personal de salud en particular y para la sociedad en general”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Desde agosto de 2021 Miranda enfrenta un proceso penal pese a haber garantizado un aborto amparado por la ley. En el marco de ese proceso, fue detenida por disposición judicial mientras se encontraba trabajando en el hospital; permaneció privada de la libertad e incomunicada varias horas en un calabozo de la cárcel de mujeres. Actualmente le está prohibido salir de Tartagal sin informarlo al fiscal y debe pedirle autorización para salir de Salta. La investigación presenta irregularidades que fueron denunciadas por su defensa y organizaciones de la sociedad civil, y que motivaron una nueva comunicación al Procurador General por parte de Amnistía Internacional. 

En el marco de la visita, Amnistía Internacional se reunió con el fiscal a cargo de la investigación y el Procurador General de la Provincia. Allí la organización reiteró la importancia de impedir la estigmatización y criminalización de profesionales que garantizan la implementación de la ley 27.610 de aborto y de evitar que, por ello, Argentina incurra en responsabilidad internacional.

Además, constató que ambos funcionarios recibieron miles de cartas de personas de todo el mundo solidarizándose con Miranda y exigiendo el cierre de la investigación y la adopción de instrucciones generales para todos los fiscales. En esa línea, el Procurador General de la provincia, jefe de todos los fiscales, acordó la realización de capacitaciones sobre la Ley 27.610 hacia dentro del organismo para evitar la judicialización indebida de la atención del aborto.

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